El Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) elevó el pasado jueves a la
Comisión de asuntos indígenas de la Cámara de Diputados, un pedido
especial para que el proyecto de reforma de la Ley del Aborigen, sea
consultado en toda la provincia, a fin de evitar que se realice en forma
inconstitucional.
Se informó desde la institución que la difícil tarea requerirá una
decisión fundamental por parte del Estado provincial con el objeto de
proporcionar los recursos necesarios para la realización de la misma.
Por lo tanto se envió a los legisladores un escrito presentado ante el
diputado Orlando Charole, presidente de la Comisión y se le hizo saber
que “cualquier modificación de la Ley sin el consenso de los pueblos
viciará la reforma, convirtiéndola en inconstitucional”.
Desde el
organismo, como ente representativo de las comunidades indígenas de la
provincia, se busca garantizar la participación masiva de los pueblos
originarios en la consulta previa establecida por el Convenión 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de las Naciones
Unidas sobre pueblos indígenas y tribales en Países Independientes.
La
OIT establece, en su artículo sexto, la metodología de la consulta,
explicitando que “el Estado debe garantizar la participación de los
pueblos indígenas en todas las cuestiones que afecten a las
comunidades”, explicaron.
La reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, de la cual participaron representantes del Idach.
Siguiendo
con la establecido por la OIT explicaron: “Se debe consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente; establecer los medios a través de los cuales los pueblos
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la
adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas
que les conciernan; establecer los medios para el pleno desarrollo de
las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin”.
“Las
consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas”.
Asimismo y por considerarlo
fundamental el Idach solicitará a la Catedra de Derecho Indígena de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, que efectúe
su aporte para las modificaciones de la Ley 3.258 y la colaboración en
la elaboración de un proyecto definitivo.
La reforma de la Ley 3258
El
proyecto propone la reforma de diez artículos de la Ley del Aborigen N°
3.258 y, entre otros puntos figuran el cambio de nombre del Idach por
Instituto Provincial de Asuntos Indígenas (IPAI); la incorporación de un
vicepresidente; la extensión de duración del mandato de autoridades
elevándolo de tres a cuatro años; reformas en el reglamento electoral
incorporando el voto de los jóvenes a partir de los 16 años y cambios en
el método de reconocimiento de indígenas, introduciendo el requisito de
natividad en la provincia del Chaco.
Al respecto, la presidenta
del IDACh, Andrea Charole había manifestado su preocupación, en ocasión
de la reunión con la Comisión de la Legislatura porque “la reforma
propuesta es parcial y no contempla argumentos de relevancia como la
propiedad comunitaria de la tierra, educación, salud entre otros temas
básicos que son fundamentales para nuestra comunidad”.
Charole
había expresado además, la necesidad “de saber que piensan nuestros
hermanos sobre los puntos que se pretenden reformar”, y aclaró que
“apoyamos la iniciativa y es por ello que vamos a convocar a los
integrantes de las distintas etnias, caciques, ancianos, dirigentes a
participar de la consulta previa que se desarrollará en el menor tiempo
posible para no demorar el tratamiento de la Ley”.
Fuente: Diario Norte
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