“La ley Monsanto.” Es una de las formas en la
que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales
bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de
Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada
antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y
pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las
semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto
de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la
concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la
pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta
del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en
Plaguicidas de América Latina (Rapal).
“El proyecto de
modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003
Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el
país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los
niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una
nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus
operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización internacional Grain,
que estudia el mercado de semillas y las corporaciones agrícolas.
El 21 de agosto
pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja
(RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad
intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro y adelantó que el Gobierno
estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de
regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Ahora, las
organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron
convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir
alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión
de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el
proyecto fue filtrado a las organizaciones.
“Manifestamos
nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de
analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa
satisfaga las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes
argentinos de Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a la Presidenta y al
ministro de Agricultura. En las críticas sobresale la definición que se hace de
productor (artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición
luego se deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias
semillas”, explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión
nacional de semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura
familiar.
Las
organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como
semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según
advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza,
es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar
la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser
un “derecho” a transformarse en una “excepción”.
“El proyecto
ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los
inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar,
multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior.
Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del
mundo”, denuncian el Movimiento Campesino Indígena (MNCI), Grain y Amigos de la
Tierra en un documento llamado “Diez motivos para luchar contra el proyecto de
ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”. Las organizaciones
firmantes alertan que el proyecto de ley crea condiciones para “expandir la
presencia de empresas semilleras transnacionales en el país” y reclaman que el
debate sea abierto a todos los sectores de la sociedad.
La Cátedra de
Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue también cuestionó
el proyecto de ley, propuso tomar como referencia la ley de Bolivia (considera
la función social de la semilla) y solicitó “una indiscutible intervención del
Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas así como también
a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de
semillas. Es necesario imposibilitar la concentración, los derechos de la
propiedad de las semillas y frenar el desarrollo del monocultivo en manos de
multinacionales”.
La Coordinadora
de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa), con presencia
en 17 provincias, afirmó que el proyecto “atenta contra la diversidad y la
producción de alimentos para el pueblo, ya que termina entregando su control a
las corporaciones”. Lamenta que la “política agropecuaria priorice el
agronegocios y la generación de retenciones por sobre la producción de
alimentos santos para el pueblo”.
Fuente: Darío
Aranda – Pagina 12
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