El ministro Pedrini considera que son
injustificados los cortes de rutas y puentes por la reubicación de criollos.
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En pleno escenario donde una mediación
judicial intenta abrir un camino de soluciones en el prolongado conflicto por
las tierras del Interfluvio Teuco-Bermejito, el ministro de Gobierno Juan
Manuel Pedrini admitió que llaman la atención los cortes parciales de rutas y
puentes en la zona, aunque acusó a la oposición por incentivarlos.
“Consideramos que estos cortes son absolutamente injustificados”,
resaltó.
“Es una situación muy difícil porque ahora no podemos volver atrás”, sostuvo el funcionario al referirse al estancamiento de las negociaciones para reubicar a los criollos que viven en las tierras bajo propiedad comunitaria de la Asociación Meguesoxochi. Es que allí, en el Interfluvio, el escenario se modificó abruptamente en 1.999, cuando el gobierno de Ángel Rozas entregó el título de propiedad de las casi 140.000 hectáreas a la entidad representativa de la etnia toba. Es desde ese hecho histórico que surgen importantes tensiones, emergentes precisamente- del cambio de estatus jurídico de las tierras, que convirtió a parte de los habitantes (los criollos) en intrusos.
“Es un título que cumple con todas las formalidades legales, es inatacable desde todo punto de vista”, subrayó Pedrini al analizar la problemática en declaraciones a Radio Universidad. “Por un lado, hay posesión de familias criollas que se fue transfiriendo de generación en generación y, por otra parte, la entrega del título a la asociación aborigen”, trazó.
“Peor no se pudieron hacer las cosas pero son una consecuencia de un apuro electoral”, cuestionó el ministro al tiempo que dijo que “se recogieron los frutos electorales y ahora estamos tratando de resolver a través de una mediación judicial”. “Hay que salir rápidamente de este problema y luego, a conciencia, revisar lo que está sucediendo en muchos otros lugares con propiedad comunitaria de la tierra”, acotó.
La complejidad del conflicto
Aseguró luego que “no todos los integrantes de la asociación (Meguesoxochi) viven en esa zona del Interfluvio. Hay muchos que migraron. Hay mucha concentración de indígenas en la periferia de las ciudades y también en localidades del Departamento Güemes y en todo el interior del Chaco”. Advirtió también que pueden presentarse abusos en el uso de las tierras comunitarias ya que podrían producirse “arrendamientos de campos por plazos prolongados y precios irrisorios o explotación irracional del bosque”.
En un amplio análisis, el ministro explicó también que las asociaciones propietarias de tierras comunitarias presentan serias irregularidades, como la no renovación de autoridades durante muchos años. “Hubo buena intención (en la sesión de las tierras) pero luego se ve el mecanismo de funcionamiento de estas asociaciones civiles y, evidentemente, les cuesta cumplir con los aspectos formales”, indicó.
“Tampoco hay que tener una mirada idílica de la propiedad comunitaria de la tierra porque dentro de cada asociación se dan relaciones de poder muchas veces en perjuicio de los propios indígenas. Todo debe ser revisado”, enfatizó Pedrini, al tiempo que consideró que la legislación ordinaria de asociaciones civiles no parece adecuarse al instituto de propiedad comunitaria de la tierra.
Sin injerencia
Dejó claro el titular de Gobierno que el municipio de El Espinillo, creado el año pasado y gobernado por el primer intendente toba del país, Ricardo Sandoval, no cuenta con las herramientas necesarias para resolver el conflicto pese a que está en el eje geográfico donde se desarrolla la problemática.
“Este inconveniente se resuelve de una sola manera: o se reforma la constitución, por lo cual se les quita la garantía constitucional sobre las tierras aborígenes de la provincia; o se va hacia una reubicación de los criollos con asignaciones de parcelas de tierras o indemnización”, dejó claro Pedrini.
Fue más allá y sostuvo que, al margen de la complejidad del problema, la situación “se ve agravada y enturbiada porque los responsables de esta calamidad hoy recorren la zona del Interfluvio alentando a los criollos a realizar cortes de rutas y movilizaciones contra el gobierno”.
Las raíces históricas
Fue en la década del ’80 cuando el derrotero histórico sostenido por acciones reparadoras justas cambió abruptamente cuando comenzó a advertirse la venta de tierras y autorizaciones de corte de los montes en el Interfluvio Teuco-Bermejito. Tras recurrentes pedidos a los estados provincial, nacional y hasta la elevación del reclamo ante organismos internacionales, en enero de 1991 el gobierno de Danilo Baroni reconoció mediante el decreto 116/91 los derechos adquiridos por la Asociación Meguesoxochi.
Pese a los pedidos de la comunidad toba, la mensura del terreno nunca se realizó, y mucho menos la reubicación de los criollos que históricamente habitaron en ese lugar. El elemento que terminó por desatar el enfrentamiento entre hermanos llegó 12 de abril de 1999, cuando la asociación recibió el título de propiedad comunitaria de las 139.138 hectáreas, 78 aéreas y 68 centiáreas, otorgado por la resolución Nº 0399 del Instituto de Colonización. La superficie titulizada, sumada a las parcelas que fueron entregadas en 1979 en forma individual a familias indígenas de El Espinillo, totaliza 150.000 hectáreas de tierras del Interfluvio Teuco-Bermejito.
Esa entrega que es verdad- tuvo carácter de reparación histórica, abrió de inmediato una herida que hoy bien podría costar vidas. Es que, durante el proceso de ocupación de este territorio, se asentaron tanto aborígenes como criollos. Y a partir de la entrega del título de propiedad comunitaria a los tobas, el criollo quedó en calidad de “intruso” al estar ocupando una “propiedad privada”.
Esa situación, extendida en el tiempo y con un elemento nuevo (la importancia y el valor de la madera) requiere una solución inmediata. Si bien ni siquiera datos oficiales certifican la dimensión social, hay quienes estiman que bajo el amparo de la asociación comunitaria habría unas 300 familias, mientras que las familias criollas allí radicadas serían alrededor de 500.
“Es una situación muy difícil porque ahora no podemos volver atrás”, sostuvo el funcionario al referirse al estancamiento de las negociaciones para reubicar a los criollos que viven en las tierras bajo propiedad comunitaria de la Asociación Meguesoxochi. Es que allí, en el Interfluvio, el escenario se modificó abruptamente en 1.999, cuando el gobierno de Ángel Rozas entregó el título de propiedad de las casi 140.000 hectáreas a la entidad representativa de la etnia toba. Es desde ese hecho histórico que surgen importantes tensiones, emergentes precisamente- del cambio de estatus jurídico de las tierras, que convirtió a parte de los habitantes (los criollos) en intrusos.
“Es un título que cumple con todas las formalidades legales, es inatacable desde todo punto de vista”, subrayó Pedrini al analizar la problemática en declaraciones a Radio Universidad. “Por un lado, hay posesión de familias criollas que se fue transfiriendo de generación en generación y, por otra parte, la entrega del título a la asociación aborigen”, trazó.
“Peor no se pudieron hacer las cosas pero son una consecuencia de un apuro electoral”, cuestionó el ministro al tiempo que dijo que “se recogieron los frutos electorales y ahora estamos tratando de resolver a través de una mediación judicial”. “Hay que salir rápidamente de este problema y luego, a conciencia, revisar lo que está sucediendo en muchos otros lugares con propiedad comunitaria de la tierra”, acotó.
La complejidad del conflicto
Aseguró luego que “no todos los integrantes de la asociación (Meguesoxochi) viven en esa zona del Interfluvio. Hay muchos que migraron. Hay mucha concentración de indígenas en la periferia de las ciudades y también en localidades del Departamento Güemes y en todo el interior del Chaco”. Advirtió también que pueden presentarse abusos en el uso de las tierras comunitarias ya que podrían producirse “arrendamientos de campos por plazos prolongados y precios irrisorios o explotación irracional del bosque”.
En un amplio análisis, el ministro explicó también que las asociaciones propietarias de tierras comunitarias presentan serias irregularidades, como la no renovación de autoridades durante muchos años. “Hubo buena intención (en la sesión de las tierras) pero luego se ve el mecanismo de funcionamiento de estas asociaciones civiles y, evidentemente, les cuesta cumplir con los aspectos formales”, indicó.
“Tampoco hay que tener una mirada idílica de la propiedad comunitaria de la tierra porque dentro de cada asociación se dan relaciones de poder muchas veces en perjuicio de los propios indígenas. Todo debe ser revisado”, enfatizó Pedrini, al tiempo que consideró que la legislación ordinaria de asociaciones civiles no parece adecuarse al instituto de propiedad comunitaria de la tierra.
Sin injerencia
Dejó claro el titular de Gobierno que el municipio de El Espinillo, creado el año pasado y gobernado por el primer intendente toba del país, Ricardo Sandoval, no cuenta con las herramientas necesarias para resolver el conflicto pese a que está en el eje geográfico donde se desarrolla la problemática.
“Este inconveniente se resuelve de una sola manera: o se reforma la constitución, por lo cual se les quita la garantía constitucional sobre las tierras aborígenes de la provincia; o se va hacia una reubicación de los criollos con asignaciones de parcelas de tierras o indemnización”, dejó claro Pedrini.
Fue más allá y sostuvo que, al margen de la complejidad del problema, la situación “se ve agravada y enturbiada porque los responsables de esta calamidad hoy recorren la zona del Interfluvio alentando a los criollos a realizar cortes de rutas y movilizaciones contra el gobierno”.
Las raíces históricas
Fue en la década del ’80 cuando el derrotero histórico sostenido por acciones reparadoras justas cambió abruptamente cuando comenzó a advertirse la venta de tierras y autorizaciones de corte de los montes en el Interfluvio Teuco-Bermejito. Tras recurrentes pedidos a los estados provincial, nacional y hasta la elevación del reclamo ante organismos internacionales, en enero de 1991 el gobierno de Danilo Baroni reconoció mediante el decreto 116/91 los derechos adquiridos por la Asociación Meguesoxochi.
Pese a los pedidos de la comunidad toba, la mensura del terreno nunca se realizó, y mucho menos la reubicación de los criollos que históricamente habitaron en ese lugar. El elemento que terminó por desatar el enfrentamiento entre hermanos llegó 12 de abril de 1999, cuando la asociación recibió el título de propiedad comunitaria de las 139.138 hectáreas, 78 aéreas y 68 centiáreas, otorgado por la resolución Nº 0399 del Instituto de Colonización. La superficie titulizada, sumada a las parcelas que fueron entregadas en 1979 en forma individual a familias indígenas de El Espinillo, totaliza 150.000 hectáreas de tierras del Interfluvio Teuco-Bermejito.
Esa entrega que es verdad- tuvo carácter de reparación histórica, abrió de inmediato una herida que hoy bien podría costar vidas. Es que, durante el proceso de ocupación de este territorio, se asentaron tanto aborígenes como criollos. Y a partir de la entrega del título de propiedad comunitaria a los tobas, el criollo quedó en calidad de “intruso” al estar ocupando una “propiedad privada”.
Esa situación, extendida en el tiempo y con un elemento nuevo (la importancia y el valor de la madera) requiere una solución inmediata. Si bien ni siquiera datos oficiales certifican la dimensión social, hay quienes estiman que bajo el amparo de la asociación comunitaria habría unas 300 familias, mientras que las familias criollas allí radicadas serían alrededor de 500.
fuente:diarionorte
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