No se registran desalojos de empresarios, siempre de pobres. Pareciera que la usurpación de tierras en Pampa del Indio, que ha desatado polémica en estos días, causa sorpresa. No solo no hay razón para sorprenderse, sino que habrá que prepararse para escenarios mucho más conflictivos y frecuentes.
Este es un hecho claramente no deseado, pero también luminosamente previsible, porque la realidad es que la privatización total de las tierras fiscales, como pretenden muchos de los que hoy se convocan en contra de las usurpaciones, lleva inexorablemente a gravísimos conflictos aún desconocidos aquí, pero presentes en otros lugares de la argentina y el mundo en los que los dólares con que se paga lo que la naturaleza puso a disposición de todos, son reemplazados por sangre.
La privatización de este recurso natural, su brutal y desmesurada concentración -30% de la superficie productiva de nuestra provincia en manos de 140 productores- que se agudizará, cierra todos los caminos.
Lo que tampoco causa sorpresa es que los mismos que se oponen a que el estado conserve la propiedad de la tierra fiscal para entregarla a quienes la trabajen para su uso pero no para que entre en el mercado inmobiliario marcadamente concentrador, ahora dicen que “El Instituto de Colonización debe solucionar este problema”. ¿A dónde los mandarán a buscar soluciones cuando el estado se desprenda de la última hectárea como pretenden? Esto es lo mismo que decir: que el estado ponga en venta toda la tierra –que terminarán comprando-, y luego se encargue de reprimir y encarcelar a los que pretendan tomarla.
Son los mismos que se oponen a que el estado regule la posesión y uso de este recurso natural agitando la bandera de la propiedad privada. Son los que denostaron nuestra propuesta de una ley que evite que la tierra fiscal aun existente pase como cualquier mercancía a la oferta del mejor postor, y que solo accedan a ella los que puedan pagar el altísimo valor que tiene y que obviamente está a la mano de los que más tienen
En la misma ley también incluimos el cumplimiento del mandato constitucional respecto de los latifundios dándole al estado la potestad de autorizar las transacciones de tierras privadas –como hoy lo hace en todas las subdivisiones para evitar la expansión del minifundio- y reservándose la prioridad en la compra. Justamente para evitar la expansión de los latifundios y también para incorporar tierras al banco estatal como para ofrecer su uso a quienes no tienen posibilidades de obtenerla en el mercado.
Las usurpaciones no se evitan con discursos, reuniones, manifestaciones ni rechazos. Solo políticas inteligentes que privilegien el interés colectivo por sobre los individuales, y coraje para enfrentar a las corporaciones que pretenden un estado regulador ausente y represor omnipresente, permitirán evitar tragedias previsibles.
Entenderán, quizás tarde, que la mejor defensa de la propiedad privada es la garantía de acceso a la tierra en igualdad de condiciones para todos y en la medida de sus reales necesidades, por tratarse de un recurso que la naturaleza puso al servicio de todos, y que es limitado.
No reivindicamos el hecho que provocó este espasmo, mucho menos cuando leemos declaraciones de dirigentes del grupo que tomó el predio preguntar públicamente en un intento efectista: “Sin tierra rural y urbana, ¿qué quieren de nosotros?”. Porque a la luz de la experiencia en los debates que hemos protagonizado por el proyecto de ley propuesto por nuestro gobierno, la respuesta sería: Queremos coherencia.
Que no hagan causa común con los que entregaron la tierra y los que la acaparan, para oponerse a poner límites a la privatización y concentración como lo hicieran en el debate armado por
Insisto, debatamos con la mirada puesta en el interés general el destino, regulación de posesión y uso de las tierras productivas, solo allí encontraremos la respuesta a las usurpaciones y evitaremos situaciones mucho más graves y dolorosas.
(*) estebanbrancocapitanich@yahoo.com.ar
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