La intención de la magistrada es que las autoridades expliquen por qué no se ha dado cumplimiento a la sentencia, para la revisión de las 5 mil adjudicaciones observadas. Sólo se investigaron 14 casos que luego fueron impugnados por los denunciantes.
El Diario de la Región de este miércoles, señala que a casi dos años de la sentencia en la causa por el “negocio inmobiliario” de las tierras fiscales, muy poco (o casi nada) se ha avanzado en la revisión de las cinco mil adjudicaciones observadas. Ante este retraso, la jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 6, Iride Isabel Grillo, citó al presidente del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich, al fiscal de Estado, Osvaldo Simoni y al veedor y fiscal del Tribunal de Cuentas, John París, para que informen acerca “de las medidas concretas y detalladas en relación al cumplimiento del punto II del fallo dictado”.
El punto en cuestión ordenaba a las autoridades a implementar las medidas que sean necesarias para la revisión de los cinco mil casos observados, para así establecer si estuvieron viciados de irregularidades, y en consecuencia, determinar quiénes fueron los responsables de la entrega irregular de tierras fiscales.
La cita es para el 26, a las 9.30, siempre en el marco de la causa iniciada en virtud de la denuncia de los empleados de Colonización.
La resolución de la jueza Grillo detalla que “atento constancias de autos, publicaciones periodísticas formuladas por las partes y considerando la entidad de los hechos motivo de juzgamiento del presente, y a los fines de la determinación con certeza del real estado de situación del objeto del presente amparo… resuelvo fijar audiencia para el 26, a las 9.30”, indica la resolución.
Vale decir que a poco de dictarse la sentencia, el Gobierno instrumentó la conformación de una comisión investigadora para dar cumplimiento al punto dos; pero luego de varias “idas y vueltas” dicha comisión alcanzo sólo a analizar 14 casos de los cinco mil observados. Sin embargo, por considerar a la Comisión Investigadora como “una mera simulación”, los denunciantes impugnaron los informes presentados por dicho órgano, cosa que tuvo eco en la jueza. Es decir, no se ha avanzado ni un solo paso en el sentido que determinó la sentencia, manteniendo sobre el caso un manto de impunidad que parece extenderse a pesar de los cambios en la gestión gubernamental.
(Fuente: El Diario de la Región)
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