Lo afirmó el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, Julio García. “Localmente, hemos cumplido con lo que preveía el acuerdo”, dijo, pero admitió que “estamos quizás un poco flojos en el tema del poder Judicial"
El titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, dependiente del Ministerio de Gobierno del Chaco, Julio García, aseguró que la provincia cumplió con los compromisos asumidos en el acuerdo arribado con la joven LNP y sus representantes legales, del cual también forma parte el Estado Nacional. No obstante, cuestionó la demora del poder Judicial del Chaco en instrumentar acciones para garantizar que no se vuelva a repetir un caso como el que llegó hasta el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En declaraciones a RADIO CIUDAD, García explicó que “el caso no tiene carácter controversial sino lo que se está haciendo es el seguimiento del caso por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Y subrayó que “nosotros localmente hemos cumplido con lo que se preveía en el acuerdo”. Aunque admitió que “estamos quizás un poco flojos en el tema del poder Judicial, necesitamos que de alguna manera se active el mecanismo dentro del poder judicial a los fines de que existan operadores indígenas dentro del sistema”.
El funcionario del Ministerio de Gobierno advirtió que “esta es una norma de orden público no necesita desarrollo legislativo provincial y depende de que en las condiciones de ingreso al poder Judicial se prevean estas cuestiones por parte de los responsables del Superior Tribunal de Justicia, ése es el reparo que existe con respecto a la provincia”.
Con respecto a las demoras por parte de la Justicia, García precisó que “se argumenta que no existe desarrollo legislativo en la provincia”. Y remarcó que “se tiene que activar, por un lado el poder Legislativo, pero no impide que el poder Judicial entre sus requisitos de ingreso al sistema pida que existan miembros de comunidades indígenas”.
“Los convenios internacionales son operativos, uno no puede argumentar la falta de desarrollo de una norma de derecho interno para no cumplimiento de estas obligaciones internacionales. A nosotros nos extraña mucha esta demora por parte del poder Judicial en la provincia del Chaco”, aseguró.
“La provincia cumplió”
García enumeró las medidas reparatorias que se impulsaron desde el gobierno del gobernador Jorge Capitanich para con la joven indígena: “la provincia cumplió con la indemnización, con la entrega de una casa, con una pensión vitalicia, activó los mecanismos internos para el tratamiento de víctimas de delitos sexuales con sus operadores”. Destacó además que “inició un sumario administrativo a la policía. Al médico, que se había ido del sistema, pedimos y el gobernador firmó un decreto para que se le inicie sumario”.
La parte del juez
A su vez, el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano recalcó que también se solicitó que el juez que intervino en la causa y pronunció la sentencia que absolvió a los violadores de la joven niña indígena LNP “se haga cargo de las reparaciones que están a cargo de la provincia”. En ese sentido, indicó que “a pesar de que el Tribunal de Cuentas había archivado la causa, como Ejecutivo y como oficina que lleva adelante estas cuestiones recurrimos y la causa se reabrió nuevamente y está en plena etapa el juicio de cuentas y responsabilidad por parte del juez a cargo de esta causa”.
“Un caso muy valioso”
García subrayó que el Estado nacional también cumplió con los compromisos a su cargo, sin embargo los demandantes consideraron que aún faltan cumplimentarse algunas cuestiones del acuerdo. Con respecto a la intervención de Naciones Unidas en el caso, puntualizó que “nos parece un caso muy valioso, uno de los emblemáticos que tiene Argentina en el sistema universal de Derechos Humanos”.
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