El principal cambio a la ley aprobada es que se incluirá una «discriminación positiva», por la cual las autoridades del nuevo municipio serán proporcionales a la mayoría de pobladores indígenas locales y de los parajes cercanos.
Luego de la tensa audiencia pública celebrada en El Espinillo, el pasado lunes, el gobernador Jorge Capitanich admitió los legítimos reclamos de las comunidades indígenas y hoy enviaría a la Cámara de Diputados el veto parcial a la ley de creación del municipio de El Espinillo. El principal cambio a la ley aprobada es que se incluirá una «discriminación positiva» por la cual las autoridades del nuevo municipio serán proporcionales a la mayoría de pobladores indígenas de la localidad y de los parajes cercanos que abarca la normativa.
El municipio sería definido como de tercera categoría y comprende tanto el casco de El Espinillo como unos 27 parajes extendidos por aproximadamente un territorio de 600 hectáreas.
Asimismo uno de los principales reclamos de las comunidades indígenas de la zona del interfluvio es que no habían sido consultadas previamente a la sanción de la norma y quienes conocen con profundidad las situaciones que se viven cotidianamente en El Impenetrable advirtieron que no podía procederse de la misma forma que cuando se crearon los municipios de Misión Nueva Pompeya o El Sauzalito, entre otros. En aquella oportunidad, la conducción de las nuevas administraciones quedó en manos de los criollos dejando absolutamente al margen a los pobladores indígenas que son mayoría en toda la zona.
En diálogo con Radio Ciudad (92.3 Mhz.), el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del Ministerio de Gobierno, Julio García, recordó que «hace seis meses advertimos a la comisión de municipios que se incurría en un error», y consideró que no se deben «crear municipios a contrapelo de la población indígena, mayoritaria en la zona de El Impenetrable, porque hay decretos preexistentes que reconocen la propiedad y la posesión indígena».
Discucion distinta
«La falta de la consulta a las comunidades indígenas, si uno lo pone en términos jurídicos, es una violación de un convenio internacional de derechos humanos y de la declaración universal de derechos indígenas», señaló el funcionario provincial, destacando que ambos fueron ratificados durante la administración del ex presidente Néstor Kirchner. «Hay escenarios que se repiten localmente que no pueden seguir ocurriendo», reflexionó García, y recomendó: «hagamos un curso de capacitación para los legisladores, discutamos de otra manera la cuestión indígena, pero hay escenarios que no pueden seguir sucediendo».
Además, subrayó que «en Diputados hay dos representantes indígenas que son la voz de su pueblo. Podemos o no coincidir, pero son dos legisladores que han puesto su vida, nadie lo puede negar, cuando El estado les dio la espalda a los indígenas».
En ese sentido, consideró que «hay una bisagra que hay que leerla políticamente, no se la está leyendo políticamente y eso va a generar mayor cantidad de conflictos. Hay que pensar instituciones distintas cuando hay mayorías indígenas en territorios locales».
OTRAS VOCES
La diputada indígena por el PJ, Inocencia Charole, manifestó su sorpresa por la urgencia con la que se aprobó la Municipalización de El Espinillo «sin consultar a las comunidades indígenas». Aseguró que «lo que nosotros tratamos es de asegurar la tranquilidad de nuestra gente» y advirtió que «no queremos que pase el caso de Sauzalito, Pompeya o Miraflores».
«Cuando se aprobó la ley estaba totalmente en desacuerdo porque no hay ninguna consulta a las comunidades. Está bien que se redacte un proyecto o una ley para las comunidades que tienen que ser partícipes de todo lo que se va a escribir de la ley», insistió Charole.
En tanto, el legislador del bloque justicialista indígena y popular, Egidio García, definió a la ley como «una imposición a las comunidades indígenas», coincidiendo con su par sobre la falta de consulta previa a los pueblos: «Hay experiencia como en el caso de El Sauzalito. Está la Municipalidad pero la comunidad wichí está cada vez peor: explotados, marginados, excluidos. Lo mismo pasa con Pompeya, es un polvorín», sostuvo.
«El futuro, la decisión, la palabra, el derecho de los pueblos indígenas está controlado, y un derecho controlado no puede ser un derecho, es una imposición», aseguró García y reflexionó que «si nos avasallaron dentro de un recinto donde se deciden las leyes, donde está el poder, pasaron por encima de nosotros, cuánto más una comunidad indígena que no tiene todos los días la información como nosotros tenemos».
Fuente:la voz del chaco
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