El presidente del organismo, Orlando Charole, exigió que se cumpla la ley nacional 26.160 que impide el desalojo de tierras ocupadas por los pueblos originarios. Se reunirán por la tarde con diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales.
El presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh), Orlando Charole, pidió que de una vez por todas se ponga fin al desalojo de las comunidades indígenas en la provincia del Chaco, tal como lo establece la ley nacional 26.120 que se encuentra en vigencia. Este martes por la tarde se reunirán con los legisladores que conforman la comisión de Asuntos Constitucionales.
En declaraciones a FM Universidad, el titular del organismo indígena reclamó “que se ponga fin a esta situación altamente delicada”, y refirió que en los últimos tiempos se produjeron tres desalojos en la zona de Pampa del Indio, el último el pasado martes.
Charole consideró que “en un estado de derecho, por más que el filo de la ley se pueda aplicar en estos casos, siempre tiene que haber una mesura, una tolerancia del propio juez que ordena estos allanamientos. Y esto es lo que llama poderosamente la atención”.
El dirigente indígena subrayó que “cuando se trata de un indígena, aparece la policía sin ningún tipo de control” para realizar los procedimientos. Además, advirtió que “es una decisión judicial que hasta el propio juez tendría que tener en cuenta, porque hay una ley nacional, la 26.160 que prohíbe desalojos. Que los jueces no lo tienen en cuenta, parece que no estudian, y en un estado de derecho también hay que decirlo”.
“Es muy peligroso que los jueces de la noche a la mañana agarren una orden de desalojo, mandan a la policía sin interesar si se daña a la persona, hay que desalojarlo. Me parece que hay que ir moderando estas conductas y tratar de ir adaptando dentro del marco del derecho vigente”, resaltó el presidente del IDACh.
“Tendrán que hacer jurisprudencia en la cuestión indígena”
Charole planteó que “los jueces tendrían que empezar a hacer jurisprudencia en la cuestión indígena, cada vez que hay un caso indígena hay que tratar de estudiarlo con mucho cuidado atento a la existencia de las leyes vigentes, hay derechos nuevos que reconocen con mucha fuerza los derechos indígenas”. “El juez, cada vez que interviene en un asunto relacionado a pueblos originarios tiene que tener en cuenta una serie de cuestiones jurídicas nuevas en el derecho constitucional, hay jurisprudencia, hay leyes, entonces el juez tiene que contar todos estos elementos y actuar con mucha prudencia e inteligencia”, puntualizó.
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