Por: Claudia Araujo
Transitamos la semana de la palabra, y justamente hoy se celebra un
congreso federal dedicado a ella. En la última semana hubo expresiones
de adhesión y reflexión sobre el valor que le damos a ciertos espacios,
grupos sociales y colectivos culturales. Sin embargo a mediados de 2013
en nuestra provincia se reabrió la discusión por una ley que contemplara
la cosmovisión de los pueblos originarios en la administración de una
escuela y se cercenó toda posibilidad de que prospere.
La figura
de la gestión social indígena, con normas distintas a las del sistema
tradicional, provocó reacciones de varios sectores. En varias
oportunidades reprodujimos voces protagónicas de docentes que
argumentaron la necesidad del cambio. No obstante los pronunciamientos
que ocuparon la mayoría de los espacios fueron de sindicalistas
docentes, que se pronunciaron por “temor a que se afecten derechos de la
mayoría de trabajadores”.
En concreto, Atech y Federación Sitech
alzaron la voz para frenar el análisis del anteproyecto. Hablaron de un
tratamiento apresurado, unilateral, innecesario e inconsulto, que
merecía un debate más profundo, y que “no discrimine a docentes
criollos”.
En los papeles, el Estatuto del Docente no contempla la
situación que plantean los legisladores porque cuando se sancionó no
era visible ni se reconocían construcciones legales y culturales que hoy
sí y que -se sobreentiende- ameritan una enmienda. Lo que no puede
pasarse por alto es el hecho de que una mayoría que por siglos
exterminó, explotó, abusó, excluyó y negó derechos de otro grupo social,
se apropie del discurso de los oprimidos e intente victimizarse.
Los
excluidos de los procesos de toma de decisiones, marginados,
explotados, sometidos, torturados y asesinados, son unos 370 millones de
personas en el mundo. Una población que equivale a la mitad de Europa,
que casi duplica a Brasil y triplica el número de habitantes a México.
Según
datos de Naciones Unidas pertenecen a unos 5.000 grupos que viven en
más de 70 países de cinco continentes y que a menudo deben ocultar su
identidad, abandonar la lengua materna y sus tradicionales por temor ser
excluidos. Entonces ¿de qué legislación discriminatoria se puede hablar
cuando se plantea dar prioridad a docentes indígenas para que dicten
contenidos escolares a un puñado de alumnos?
El Estado chaqueño
dio un gran paso al declarar al wichí, moqoit y qom lenguas oficiales.
Sin embargo se está muy lejos de avanzar si aún no garantiza que niños y
jóvenes de esas ascendencias puedan ir a escuelas con participación de
referentes de sus comunidades.
Tres décadas
En 1982, la
ONU promovió la adopción de normas internacionales relacionadas con los
derechos de los pueblos originarios y preparó un proyecto de
declaración. El Chaco, pese a las enormes distancias y deudas con sus
ancestros, cuenta con una ley propia que en 1987 hizo visible la
cuestión aborigen.
Para la cumbre para la Tierra de 1992,
comunidades originarias de varios países expresaron su preocupación por
los problemas ambientales. Diversos órganos elaboraron programas para
mejorar la salud, tasas de alfabetización y luchar contra la degradación
de territorios ancestrales. En 1993 se estableció el Año Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo y el decenio 1995-2004.
En
2000 se creó el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, compuesto
por 16 expertos (la mitad gubernamentales y la otra mitad indígenas),
para asesorar al Consejo Económico y Social, en temas relacionados a lo
social, la cultura, la educación, el medio ambiente, la salud y los
derechos humanos.
Con los pies en el siglo XXI y después de
décadas de pequeños pasos para ganar terreno, los descendientes de los
primeros habitantes del Chacú todavía no pueden hablar de equiparación
de derechos en el acceso a la justicia, la salud, la educación, el
trabajo o la vivienda.
Cinco objetivos
En 2014 se transita
el final del segundo decenio internacional dedicado a la temática (se
inició en 2005) y que trazó cinco objetivos:
-El fomento a la no
discriminación y la inclusión de los pueblos indígenas en la
elaboración, aplicación y evaluación de legislación, políticas,
recursos, programas y proyectos en todos los niveles
-El fomento
de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las
decisiones que afectan directa o indirectamente a sus estilos de vida, a
sus tierras tradicionales, su integridad cultural o cualquier otro
aspecto de sus vidas
-La redefinición de las políticas de
desarrollo para que incluyan una visión de equidad y espero de la
diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas
-La
adopción de políticas, programas, proyectos y presupuestos que tengan
objetivos específicos para el desarrollo de los pueblos indígenas, con
parámetros concretos, e insistiendo en particular en mujeres, niños y
jóvenes indígenas
-La creación de mecanismos de supervisión
estrictos y la mejora de la rendición de cuentas en la aplicación de
marcos jurídicos, normativos y operacionales para la protección de
pueblos indígenas y mejoramiento de sus vidas
Después de leer los
fundamentos, ¿quién puede dudar si cabe o no la discusión sobre abrir un
intersticio en la legislación para garantizar derechos, que respete una
cosmovisión preexistente a los pactos que crearon la Constitución
Nacional?
Retoño qom
La presentacion del libro El retoño del pueblo qom: poesías y relatos del
pueblo toba, con traducciones en lengua originaria de Mónica Silberio.
En el cuarto piso de la Casa de las Culturas, Marcelo T. de Alvear y
Mitre, de Resistencia.
La obra es presentada por el Instituto de Cultura del Chaco y publicada por la Dirección de Industrias Culturales y Economía.
En seguros educativos, el país está en pañales
Sólo
el 2% de las escuelas privadas tiene pólizas que garantizan la
finalización de estudios de sus alumnos. Aunque son muy pocos los padres
que contratan ese tipo de servicios, la oferta comienza a aparecer en
el país.
La tendencia asegura que el contrato de pólizas permite a
los estudiantes concluir sus estudios, más allá de la vida de sus
padres.
En la Argentina, por su tradición de educación
mayoritariamente pública, no hay aún una cultura aseguradora de la
educación. Sin embargo, poco a poco, escuelas con cuotas medias y altas
están empezando a incluir en los aranceles un seguro de continuidad de
estudios, como ocurre en los Estados Unidos, México y Colombia.
Se
trata de seguros que, en caso de muerte del padre o la madre que paga
el arancel, sostienen los estudios de los niños y jóvenes. La
aseguradora liquida en una sola cuota y por adelantado la totalidad del
pago para que termine sus estudios en esa misma institución.
Desde
Sancor Seguros explicaron a Seguros que ese servicio se contrata desde
las escuelas. El producto se llama Estudio Seguro, los destinatarios son
los padres de alumnos que asisten a colegios pagos. Se asegura a la
totalidad de los padres de los alumnos, es decir no es de contratación
optativa.
En tanto, el broker AON Risk Services ofrece dos tipos
de seguros. Uno destinado a las familias. Es la beca escolar que
contrata directamente el padre, que coloca como beneficiario al colegio,
destinatario del pago de la escolaridad completa del hijo en caso de su
fallecimiento. También, ofrecen el modelo tradicional, de seguro de
vida colectivo para todos los padres de una escuela.
En el país,
algunos bancos, como el Hipotecario, tienen un seguro educación, pero se
trata de un seguro de vida simple, cuyo monto, en caso de morir el
asegurado, puede ser destinado para pagar la educación de los hijos.
Los
especialistas coinciden que aún el fenómeno en la Argentina es muy
acotado. Lo tendrá alrededor de un 2% de los colegios de todo el país,
precisa a Seguros Alfredo Fernández, Secretario Legal y Técnico de la
Asociación de Entidades Educativas Privadas de la Argentina (Adeepra).
Sólo unos pocos de los colegios no subsidiados tienen este tipo de
seguros. En el país, la educación privada tiene una larga trayectoria de
hacerse cargo con una beca de la situación de un niño que atraviesa esa
desgracia, apunta Fernández. Es que la ley no permite a un
establecimiento privado dejar fuera de la escuela durante el ciclo
lectivo a un chico cuya familia no pague la cuota, por ningún motivo.
Legalmente, toda la educación es pública, sea de gestión privada o
estatal.
El costo de la prima, mensual, se basa en el arancel y la
cantidad de años que le resten al niño. Según Fernández, el costo varía
de 20 a 50 pesos mensuales. Hoy, estos seguros incluyen sólo muerte o
incapacidad de los progenitores. De 1998 a 2002, sin embargo, hubo
ofertas que llegaron a prever desocupación. Hoy, estas coberturas son
riesgosas, ya que 40% de la población está activa pero trabaja en negro,
con lo cual no es posible comprobar la desocupación real de un padre.
(Fuente: El Cronista Comercial)
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