INTITUTO DEL ABORIGEN DEL CHACO
En la provincia del Chaco el Instituto del Aborigen Chaqueño es el ente que esta velando por las nesecidades de los pueblos Originarios de la provincia
jueves, 7 de abril de 2011
“Siguen refaccionando, adjudicando viviendas a comunidades indígenas del interior “
Un crimen acaecido en 1947 contra el pueblo Pilagá : Juez de Formosa tiene competencia en la "Matanza de Rincón Bomba"

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, se pronunció en la acción interpuesta por la etnia Pilagá, confirmando la competencia del Juez Federal de Formosa, doctor Quinteros, para intervenir en la presente causa encuadrada en crímenes de "lesa huma
El fallo del tribunal federal chaqueño, integrado por los doctores Ana Victoria Order y José Luis Alberto Aguilar, confirmó que Quinteros deberá intervenir en la pretensión de resarcimiento colectivo deducida contra el Estado Nacional a consecuencia de la violación de Derechos Humanos por crímenes de "lesa humanidad" en contra del pueblo de argentinos de etnia "Pilagá ocurrido en 1947 en la localidad de Las Lomitas (Formosa). La presente causa, tiene similitud con la interpuesta, ante el Juzgado Federal de Resistencia por la "Masacre de Napalpí" del 19 de julio del 1924.
La "Matanza de Rincón Bomba".
En el año 2005 se interpuso en el Juzgado Federal de Formosa, una acción de conocimiento de resarcimiento colectivo a consecuencia de la violación de Derechos Humanos por crímenes de "lesa humanidad", contra el Estado Nacional. Por la misma se solicitaba "la indemnización, por la cantidad de pesos que el señor Juez Federal se sirva presupuestar, de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica, a favor del pueblo de argentinos de etnia Pilagá, en razón de la llamada “Matanza de Rincón Bomba”, acaecida en las cercanías de la hoy ciudad de Las Lomitas, entre el 10 y el 30 de octubre del año 1947, perpetrada por personal perteneciente al Estado Nacional, Gendarmería Nacional Argentina y Policía Nacional de Territorios".
En el mes de abril de 1947 miles de braceros Pilagás, Tobas y Wichís son despedidos sin indemnización del Ingenio San Martín de El Tabacal. Cabe recordar que Formosa era Territorio Nacional y se convertiría en provincia recién en 1956 y, hasta ese entonces, el gobierno central era quien designaba las autoridades de cada lugar.
La demanda se concreta ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1, a cargo del doctor Marcos Bruno Quinteros. La presentación inicial señalaba que "en total son asesinados en la ‘campaña’ entre 400 a 500 argentinos de etnia Pilagá, aproximadamente, además de los heridos y más de 200 ‘desaparecidos’. Ello sumado a los más de 50 muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños. Se elevan las bajas a más de 750, entre niños, ancianos, mujeres y hombres”.
Esta presentación se funda en los principios jurídicos de la "imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad", similar a la interpuesta, ante el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo del Juez doctor Carlos Skidelsky por la "Masacre de Napalpí" del 19 de julio del año 1924.
El Juez Federal formoseño, doctor Marcos Quinteros, rechazó las excepciones de incompatibilidad prescriptas y falta de legitimación activa opuestos por el Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -.
El fallo del tribunal chaqueño.
Finalmente la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, conformada por los doctores Ana Victoria Order y José Luis Alberto Aguilar, se pronunció al respecto, confirmando la competencia del Juez Federal de Formosa, doctor Quinteros, para intervenir en la presente causa; señalando que la pretensión de resarcimiento colectivo deducida contra el Estado Nacional a consecuencia de la violación de Derechos Jumanos por crímenes de "lesa humanidad" en contra del pueblo de argentinos de etnia "Pilagá".
La que "puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos definidos, correspondiendo confirmar la decisión apelada que rechaza la excepción de falta de legitimación interpuesta respecto de la Comunidad Indígena accionante. Ello así, pues concurre la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado".
Fuente: chacodiapordia
miércoles, 6 de abril de 2011
Solicitan construcción de viviendas :Aborígenes de Formosa permanecen con el corte sobre Ruta 11

Continúa en la capital formoseña la protesta de las comunidades aborígenes del barrio Namqòm quienes se encuentran ocupando media calzada de la ruta nacional 11. El reclamo se originó en febrero, cuando un grupo de aborígenes amenazó con bloquear el paso de los vehículos en la búsqueda de coaccionar al Instituto Provincial de la Vivienda para que cumpla con la construcción de un grupo de viviendas que habría sido programado con antelación.
La medida fue desistida al hacerse presente en el lugar miembros del IPV, quienes prometieron y pusieron fecha de inicio para la ejecución de las obras, sin embargo no se cumplió lo pactado y las comunidades cortaron el paso de la ruta.
En la etapa más sólida del reclamo, un sector conducido por el Diputado Provincial “Koki” Zarza decidió dejar la ruta, y el grupo de la comunidad se fraccionó, quedando en la actualidad un número más reducido.
PROLONGACIÓN
En un comienzo, el bloqueo fue permanente y se impidió el tránsito de los vehículos sobre la ruta nacional 11. Quedando de esta manera como única alternativa un camino vecinal de unos 4 kilómetros que permitía evitar el bloqueo. Sin embargo el mismo quedó literalmente obstruido por las permanentes lluvias que se registraron en la zona.
Como consecuencia, las crìticas hacia la modalidad de protesta utilizada por las comunidades aborígenes crecieron. Y públicamente el corte jugó contra el pedido y reclamo, debido a que la obstrucción perjudicada a comerciantes, viajantes y a empresas dedicadas al transporte de pasajeros y objetos.
Es por ello que se tomó la decisión de liberar media calzada, quedando hasta la actualidad liberada para el tránsito una vía de la ruta nacional 11.
Miembros de las comunidades afirmaron a La Mañana que permanecerán en el lugar de manera indefinida hasta no ser atendidos por autoridades del gobierno provincial, señalando como posibles interlocutores al mismo gobernador Gildo Insfrán, el vicegobernador, Floro Bogado o algún ministro del Poder Ejecutivo.
fuente : diariochaco
Chaco: Por inundaciones en comunidades se posterga festival: Se Postergo el 4 festival de cine de los Pueblos Indígenas

Por problemas ajenos a la organización se suspendió hasta agosto el festival de cine indígena de Chaco.
Juan Chico, historiador referente de la comunidad Qom quien esta a cargo del Departamento de Cine Indígena de DCEA, informo que debido a inundaciones producidas en el noroeste de chaco por la crecida del río Paraná que además provocó la evacuación de más de 1000 personas de las zonas bajas de Barranqueras, Puerto Vilelas, Isla del Cerrito y Colonia Benítez, al tiempo que existen cientos de familias que continúan aisladas por el avance del agua en todas estas localidades.
El festival siempre estuvo pensado para que sean las comunidades quienes lo disfruten y esto que esta sucediéndole a familias indígenas de Chaco hace que hallamos decidido postergarlo para Agosto próximo, continuo diciendo el historiador, integrante del Equipo de Comunicación del ENOTPO
A todos aquellos que se han comunicado preocupados por la suspensión le agradecemos mucho pero necesitamos esa solidaridad con los hermanos que se vieron afectados por la crecida del rió, finalizo diciendo Juan Chico.
Fuente: Equipo de Comunicadores/ras- ENOTPO
Acceso a las nuevas tecnologias,estamos cerca '? : Mbyá-guaraní de Misiones recibieron netbooks

Entregaron ayer computadoras portátiles a 37 alumnos, en la primera experiencia del plan Conectar-Igualdad con chicos pertenecientes a pueblos originarios.
Principio del formulario
En medio de un “vergel” poblado de verdes y colorados típicos de la provincia de Misiones, se alza el Aula Satélite de la Escuela Normal N° 6, a la que asisten chicos de la comunidad Mbyá-guaraní. Allí, autoridades nacionales y provinciales entregaron ayer computadoras portátiles a 37 alumnos, en la primera experiencia del plan Conectar-Igualdad con chicos pertenecientes a pueblos originarios.
“Para nosotros, es el comienzo de una nueva historia”, dijo Hilario Moreira, un alumno de la comunidad guaraní que habló en la Escuela N° 657, donde funciona el aula, en Cuña Pirú, a 12 kilómetros de Aristóbulo del Valle. “Creemos que, además, lo merecemos, como una sociedad más de la Argentina”, cerró. La frase impactó al ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, presente en el acto de entrega junto con su par provincial, Luis Jacobo, y el gobernador de Misiones, Maurice Closs, acompañados por caciques y miembros de las comunidades.
“La verdad es que es cierto, se lo merecen, y está muy bien que lo exprese”, dijo más tarde el ministro en conversación con Tiempo Argentino. “Yo siento que esta netbook, como dice la presidenta, es un extraordinario igualador, está llegando a poblaciones que habitualmente iban a ‘la cola’. Aquellas que, en general, están más aisladas geográficamente, o por su pertenencia a pueblos originarios, son más pobres, o que sobrellevan una discapacidad, y esto es un gran igualador social, porque chicos de aquí reciben lo mismo que un pibe de la Recoleta.”
El Programa Conectar-Igualdad, que se implementa con fondos de la ANSES y prevé entregar 3 millones de unidades a todos los chicos de escuelas medias de la Argentina, llegó a las comunidades originarias de Misiones luego de un año de experimentar con herramientas informáticas, elementos ajenos a la cultura de esos pueblos
Críspulo Ibarra, asesor intercultural de la Escuela 6, destacó que ya había “un acercamiento en lo que tiene que ver con las líneas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), y ahora este es un avance mucho más significativo. El hecho de que un alumno pueda llevarse una computadora a su casa, que sus hermanitos puedan tener contacto con la tecnología, es un campo nuevo. Los padres aceptaron la idea y eso exige un compromiso: recibir la netbook significa que el chico está viniendo a la escuela. Eso es una garantía de que el alumno avance, es no sólo darle un recurso sino, además, comprometerlo.”
Ibarra explicó que la escuelita satélite cuenta con tres aulas, a las que asisten alumnos de primero, segundo y tercer año. Los cursos más nuevos tienen chicos de 14, 15 y 16, y en tercer año hay un grupo que va de los 17 a los 33, según explicó. Las netbooks fueron entregadas a los 37 alumnos y también a docentes, como establece el programa. La directora del establecimiento, Alila Aide Anger, tomó como “un gran respaldo que se estén entregando aquí las primeras netbooks para los aborígenes”.
Sileoni explicó que en la zona no hay Internet, aunque las computadoras están provistas con cerca de 50 programas de complemento educativo, y además pueden interconectarse en una intranet. “La provincia está comprometida en seguir trabajando para garantizar la conectividad”, dijo el ministro, aún emocionado por el acto realizado en “un lugar sencillo pero de mucha dignidad, y en un entorno verde, que era un vergel”.
Hilario Moreira, el joven que habló en el acto, destacó la instalación de la escuela satélite, porque les permitía a chicos como él acceder a la educación sin necesidad de ir a la ciudad: “En la ciudad no podemos estudiar por causas económicas, y en la comunidad nos arreglamos como podemos.”
Fuente: Tiempo argentino
Desde la APA : Asisten a El Espinillo con tanques de reserva de agua potable

En los últimos días la Administración Provincial del Agua (APA) trasladó a esa localidad diez tanques de 500 litros, del tipo denominado tricapa, que permite la reserva de agua potable durante mayor tiempo en condiciones para el consumo humano.
Al respecto, el vocal de la APA, Luis Risso Patrón explicó que “la comunidad de El Espinillo recibió en el último año la contribución por parte de este organismo, de 80 tanques en total, de los cuales 30 unidades son de 500 litros y 50 unidades de 1000 litros, los que fueron distribuidos en barrios periféricos de la localidad y en zonas rurales, que carecen de agua potable de red”, recalcó el funcionario.
Agregó que “la APA realiza el abastecimiento de agua potable a estos barrios y parajes mediante camiones cisternas, a los efectos de garantizar la calidad del agua que consumen las personas”.
Cabe destacar que el traslado de agua forma parte de un Plan Integral de Asistencia a las comunidades de El Impenetrable que viene desarrollando el Gobierno de la Provincia del Chaco, en articulación con el Gobierno Nacional desde la gestión de Jorge Capitanich y que comprende distintas acciones en áreas de Salud, Educación, Desarrollo Social, Infraestructura y Producción.
Los tanques de reserva son entregados a familias de escasos recursos económicos de las diversas localidades, a través de referentes locales o autoridades del municipio y también en forma directa desde la Administración Provincial del Agua.
Por último, el traslado de los mismos se realiza con la colaboración y apoyo logístico de la Dirección de Vialidad Provincial. Hasta la fecha se han entregado en distintas localidades una cantidad total de 500 tanques de 1000 litros, y 1000 tanques de 500 litros respectivamente, beneficiando a 1850 familias.
Fuente: chacodiapordia
martes, 5 de abril de 2011
“No tenemos nada” : Los qom, sin respuestas tras cuatro meses de acampe

Son 60 adultos y diez niños, cuyas casas y documentos fueron quemados durante la represión policial de noviembre. Pasaron del monte a la 9 de Julio y viven en situación de calle, con un solo baño y comiendo lo que les dan los vecinos.
Por Natalia Páez
Tres palabras: “No tenemos nada.” Están escritas en negro sobre blanco en una bandera que mira al Obelisco, en el rectángulo de baldosas que se forma entre la 9 de Julio, Lima y Avenida de Mayo. Sesenta miembros de la comunidad qom (también conocidos como tobas) La Primavera, de Formosa, están acampando allí desde hace cuatro meses, luego de que la represión de la policía provincial de la que fueron blanco el 23 de noviembre les dejara como saldo dos muertos, casas y documentos quemados. Entre ellos, afirman, hay diez niños menores de doce años. Esperan que esta semana la presidenta Cristina Fernández los reciba. Para esto, el jueves marcharon junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, y Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a llevar el petitorio. Exigen que el gobierno de Gildo Insfrán les devuelva las tierras en las que hoy se está levantando un nuevo edificio de la Universidad de Formosa. Por eso habían cortado la Ruta 86, motivo que agudizó el conflicto.
Domingo al mediodía. Un vecino les acerca una bolsa llena de choclos. Entonces, ponen a calentar agua con unas garrafas, los hierven y almuerzan. Los niños toman la teta. Cuentan con dos baños químicos, uno de los cuales ya está inutilizable. Piden agua, pañales, alimentos.
Daiana Pariente tiene 13 años, carita redonda como de beba, y explica un poco más la frase de la bandera: “Si no vienen los vecinos, no comemos”. Se acerca Ester Díaz, una de los hermanas del líder de la comunidad, Felix Díaz, la cara más visible de la lucha. Dice que la vida en la selva formoseña es bien distinta a esta que vienen llevando en Buenos Aires y que lo que más les da miedo de la ciudad es la noche y sus ruidos. “Nosotros somos del monte, bien silencioso, allí está nuestra vida. Acá nos da miedo estar, hay mucho borracho de noche. Todo es mucho: el ruido, la lluvia, el frío o el calor. Muchos niños tuvieron que volver con sus madres a Formosa porque se enfermaban”, cuenta. A su hijo Luis Manuel, de 16 años, lo operaron la semana pasada de una apendicitis, en el Hospital Ramos Mejía. Ester pide frazadas y abrigo para el convaleciente. A su lado, Benjamina Pérez tiene once hijos. El menor, Sergio, de 1 año y 3 meses, come ansioso un bizcochito que le convidaron. Ya se quedó sin pañales y anda descalzo sobre las baldosas mojadas por la lluvia, que los sorprendió por la tarde.
Félix Díaz, el líder de la comunidad, denuncia que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) “no se hace cargo”. El Congreso Nacional, en diciembre de 2009, prorrogó hasta 2013 la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. El objetivo de esta ley es que, en ese plazo, el INAI realice un relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por los pueblos originarios. Según la norma, durante la emergencia “quedan suspendidos las sentencias o los actos procesales y administrativos tendientes al desalojo o la desocupación de las tierras”. Ayer, Tiempo Argentino intentó infructuosamente contactar al titular del INAI, Daniel Fernández.
Frente a una mesa donde Soledad, de ocho años, acomoda unas artesanías, Roberto López, su papá, mira con el ceño fruncido. No le hace gracia que otra vez haya alguien con un anotador, haciendo preguntas. “Hace cuatro meses que estamos acá, muchos vienen, hacen notas y se van, nadie nos ayuda. No tenemos nada.” Nuevamente, la frase de las tres palabras. El hombre se llama igual que su padre, uno de los dos qom que murieron en la represión de noviembre.
Fuente: Tiempo Argentino
viernes, 1 de abril de 2011
15 años de soja: La prueba del delito
Tags: Darío Aranda, glifosato, Monsanto, soja La soja transgénica y el uso de glifosato fueron aprobados hace 15 años en un trámite exprés, sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. Por primera vez el expediente de 146 páginas es analizado en clave científica por seis investigadores (por Darío Aranda, especial para lavaca). El lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato. Cuando el periodista se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Agricultura y solicitó “las pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica”, del otro lado del teléfono se escuchó una risa seguida de un amplio “¿qué?”. Al instante, ya recobrada la compostura, el prensa ministerial prometió que haría todo lo posible y llamaría al redactor. Como era de esperar, nunca hubo llamado de respuesta. La foja número 1 es un carta, fechada el 3 de enero de 1996, del subsecretario de Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Félix Manuel Cirio, dirigida al presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Vegetal, Carlos Lehmacher. “Tengo el agrado de informarle que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), en su reunión de 21 de septiembre, consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconvenientes para la comercialización de la semilla”, informa Cirio, pero no se adjunta ninguna nota donde se informe en base a qué estudio la Conabia habría dado el visto bueno. En el segundo párrafo da un paso más. “En lo concerniente a bioseguridad para consumo humano y/o animal, le adjunto copia de la documentación presentada por la empresa Monsanto ante la Administración de Alimentos y Drogas (FDA)”. Le siguen 106 carillas en inglés, un informe fechado en 1994 y con carátula de la empresa productora de semillas transgénica y glifosato. La foja 135 es tan breve como contundente: “Autorizase la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”. Mu, el periódico de lavaca: Narco soja “Tendencioso, arbitrario y poco científico” En enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual ordenó la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis meses después, trascendió un informe titulado “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si es inocuo o perjudicial. A pesar de la incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúe utilizando en el país 200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del Ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido funcionario afín a la industria biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector. Pocos científicos se animaron a opinar en ese momento, temerosos de perder sus becas de trabajo y subsidios estatales. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet, Norma Sánchez, fue una de las pocas científicas que se animó a analizar, y cuestionar, el informe que en 2009 realizó el Ministerio de Salud, Conicet y Ministerio de Ciencia sobre la supuesta inocuidad del glifosato. “El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados. Las conclusiones son inconsistentes y confusas. Parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”, lamentó la investigadora en 2009. Cuando en 2010 el periodista la invitó a analizar la resolución de Agricultura que liberó el uso de la soja, no lo dudó. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en puntos de extrema importancia como la parte de consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, donde no encuentran ningún problema, corresponden a sus propias investigaciones que figuran en referencias como reportes técnicos de Monsanto. Pero también hay algo engañoso, citan trabajos de científicos, publicados en revistas científicos conocidos, pero que pertenecen al grupo de investigación de Monsanto. Son juez y parte”, denuncia Sánchez. El expediente asegura la falta de aparición de malezas resistentes al glifosato y la nula toxicidad en vertebrados. “Está bien que para 1996 no había tantos trabajos como ahora, pero esto ya está totalmente demostrado que es falso”, explica Sánchez y adjunta un listado de investigaciones actuales que desmienten a Monsanto. Califica como un “reduccionismo” que los estudios solicitados a Monsanto analicen sólo los efectos de la planta cuando es consumida por humanos y animales: “Esto es recortar el problema. Este cultivo transgénico forma parte de un ‘paquete tecnológico’ que ineludiblemente conlleva al uso de glifosato en grandes cantidades. ¿Y entonces? Aunque la soja fuera totalmente inocua, que hacemos con el glifosato?”. “Hay innumerables puntos para marcar en el expediente. Un ejemplo grosero se encuentra en el folio 13, donde se reconoce que en algunos experimentos los resultados no le permitieron hacer los análisis estadísticos correspondientes, pero no obstante sacan conclusiones en relación a la calidad nutritiva de la soja transgénica. No dan una sola cita bibliográfica que apoye lo que están diciendo. Mencionan estudios hechos por Monsanto, pero no los citan en bibliografía ni dicen quién los evaluó”, puntualiza. Sánchez, docente de la cátedra Ecología de Plagas de la UNLP, no tiene dudas de que el expediente “resulta altamente cuestionable por la falta de independencia. La mayor parte de la bibliografía es del grupo de investigación de Monsanto. Lo fundamental pasa por la irresponsabilidad de todo el procedimiento”. La investigadora explica que la Conabia debería haber evaluado la solicitud de permiso a través de estudios multidisciplinarios específicos llevados a cabo tanto localmente como en el exterior, con aplicación del enfoque precautorio, criterios técnicos y en base a conocimientos científicos independientes. “En este caso todo el conocimiento provino de las investigaciones realizadas en Estados Unidos y por investigadores, en su mayor parte, ligados a la empresa interesada”. “Es el informe oficial de Monsanto” En 2004, cuando pocos científicos fijaban su mirada en los efectos sanitarios del modelo agropecuario, el médico Alejandro Oliva coordinó una investigación que llevó tres años, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y confirmó la vinculación directa entre malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. El trabajo fue realizado por Oliva junto a su equipo del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Oliva leyó el expediente pero (de manera cortés) rechazó hacer un análisis punto por punto. Y argumentó por qué: “Este (el expediente) es el informe oficial de Monsanto presentado a la FDA, y que se usó en la aprobación a nivel nacional. Es un documentos respaldado por investigaciones publicadas, por supuesto que por investigadores afines a Monsanto”. Oliva apunta desde hace años a la necesidad de estudios epidemiológicos en zonas con uso de agroquímicos y también señala las responsabilidades políticas. “El debate alrededor del expediente de aprobación es de irresponsabilidad de gestión política, sin haber ni siquiera traducido el documentos ni pedir dictámenes de expertos”. “Hay razones para pedir una reevaluación” Oscar Scremin es especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Recibido en 1963 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), era decano de la Facultad de Medicina en 1976. Dictadura militar mediante, tuvo que emigrar. Recaló en la Universidad de California (Estados Unidos), donde es profesor e investigador. A Scremin le cuesta creer que ese expediente de 146 fojas haya sido una de las bases de la liberación de la soja modificada en laboratorio y del uso masivo de glifosato. “No existe en el expediente una sola palabra referente a la toxicidad del glifosato que necesariamente se utilizaría para obtener las ventajas de resistencia de la soja y vulnerabilidad de casi todas las otras plantas a ese herbicida. Tampoco hay ninguna referencia sobre la reducción de la biodiversidad que obviamente podía resultar, como los hecho han demostrado”, remarca sin salir de su asombró y precisa que los documentos aportados por Monsanto se limitan a describir estudios sobre la proteína que produce el gen de su patente a través de “un número reducido de análisis, con breves estudios, limitados a unas pocas semanas de administración en animales con métodos crudos (peso del animal, pesos de órganos y sobrevida)”. Scremin apunta al fondo de la cuestión. ”Hay razones para pedir una reevaluación porque se han omitido los efectos potenciales más serios a saber, como el perjuicio ecológico y los efectos sobre la salud humana. Se impone revisar el proceso de registro, prestando especial atención a los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todos los herbicidas e insecticidas que se agregan al ‘cocktail’ de agroquímicos que son utilizados en conjunción con la soja”. Aclara que una reevaluación debe incluir a entidades sin conflictos de intereses económicos, como universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro, de Argentina y el exterior. “Existe una abundante bibliografía que va mas allá de los estudios efectuados por Monsanto o por consultores a su servicio y que debiera tenerse en cuenta”, solicita. En la misma línea se expresan desde hace una década familias rurales y organizaciones ambientales, pero siempre chocaron con la negativa de empresas y funcionarios. Expediente fantasma Los estudios base para la aprobación de la soja y el glifosato son el tesoro mejor guardado de los distintos gobiernos nacionales. Carlos Menem dio luz verde, pero todos los gobiernos que le siguieron mantuvieron en secreto cómo fue aprobado el “paquete tecnológico” (semilla y agroquímico) que modificó el modelo agropecuario de Argentina. En abril de 2009, cuando aún estaba fresco el conflicto por la resolución 125, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer las irregularidades administrativas del expediente, desde la falta de traducción del informe de Monsanto hasta la rapidez de su trámite (81 días). “Se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados”, aseguraba Verbitsky. La lectura del expediente no deja dudas. La foja 113, fechada el 26 de enero, solicita a Monsanto: “Sería importante disponer de información sobre la respuesta a las consideraciones efectuadas por el FDA “. Firmaba el director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. El 9 de febrero reiteró el pedido (folio 115). Y el 25 de marzo de 1996, Batista envió un fax a las 13.04 a la embajada de Estados Unidos, “Departamento Agrícola”. Solicitó información sobre “inocuidad como alimento” a la FDA. El mismo 25 de marzo, el coordinador del Área Productos Agroindustriales, Julio Pedro Eliseix, escribió a Batista y propuso tres “criterios de evaluación”: “A) Identidad y nutrición. B) Aparición de efectos no deseados: alergenicidad, cancerogénesis, otras toxicidades. C) Se cree conveniente que la empresa garantice un correcto rastreo y recupero de la mercadería” (folio 126). No hubo respuesta. Ese mismo día, el secretario de Agricultura, Felipe SSolá, firmaba la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de soja transgénica tolerante a glifosato. “No se puede perder más tiempo” El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, recuerda que en la década del 90 comenzó a recibir en su consultorio niños con malformaciones. Bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Las historias clínicas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. Alertó a otros investigadores e, incluso, a la Legislatura del Chaco, pero no tuvo respuesta. Recibió el expediente con mezcla de intriga e indignación. “Llama la atención que en un documento de 100 páginas sólo haya una referencia respecto del herbicida glifosato, en la página 14 hablan de la ‘extremadamente baja toxicidad para mamíferos, aves y peces’, y refiere un trabajo de 1989”, detalla Lucero y explica que para analizar la seguridad de un nuevo producto se deben investigar parte por parte todo lo que conlleva el “paquete tecnológico”. En el expediente la Conabia consigna que “en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconveniente para la comercialización de la semilla transgénica”. Lucero sonríe: “Se les pasó el pequeño detalle que es evaluar desmenuzadamente el herbicida que viene en el ‘paquete’ ya que no puede existir esta semilla sin la ayuda protectora del glifosato. La palabra bioseguridad engloba medir el impacto de todo lo que modificará el escenario con la entrada de una nueva tecnología”. El expediente da cuenta, en propias palabras de Monsanto, que Estados Unidos clasificó al glifosato como categoría E (sin evidencias de efectos cancerígenos en humanos). “Pareciera que nuestros evaluadores dieron por descontado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene injerencia directa sobre nuestras políticas ambientales nacionales”, retruca Lucero y recuerda que esa clasificación fue en base a un informe de Gary Williams, quien realizó un extracto de las principales conclusiones de un estudio nunca publicado del Environment Health Laboratory perteneciente a Monsanto. El investigador de la UNNE resalta que la misma Agencia (EPA) explicitó que esas conclusiones no deben tomarse como definitivas ya que el glifosato podría ser cancerígeno bajo ciertas circunstancias. Lucero afirma que urge un debate sincero y reclasificación, sobre todo en base a trabajos científicos que vinculan el producto comercial y el herbicida puro con alteraciones en el material genético, abortos espontáneos y malformaciones embrionarias. “Debemos analizar la situación quince años después de la aplicación masiva de este producto y obrar en consecuencia ante la evidencia científica y epidemiológica, no se puede perder más tiempo”. Equivalencia sustancial Rubens Onofre Nodari es biólogo molecular. Investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y profesor titular de Postgrado en Recursos Genéticos Vegetales. También llamó la atención sobre la “falta de independencia” de un Estado que toma como propio los informes empresariales. Recordó que ni siquiera la FDA solicitó estudios completos e independientes y precisó que en muchas partes del expediente hay afirmaciones sin fundamento científico o basadas en estudios no publicados. El doctor en genética de la Universidad de California llama la atención sobre la ausencia de referencia en cuanto al riesgo para el medio ambiente o la salud humana, y recuerda que la comunidad científica de la última década ha demostrado los efectos en la biodiversidad, especialmente acuática, y la vinculación entre herbicidas y cánceres. Nodari apuntó a la arista quizá más silencia de los transgénicos, y que más duele a la industria semillera mundial. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos nunca aprobó como seguro ningún alimento transgénico. Lo que realizó fue implementar, en la década del 90, el concepto de “equivalencia sustancial”, mediante el cual determina que un producto modificado en laboratorio (en este caso la soja) no necesita pruebas específicas de seguridad. La equivalencia sustancial es un concepto determinado por sectores políticos, no por científicos ni adoptado por la Justicia. Nodari, que además es miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia de Brasil, ejemplificó que la industria transgénica, y los organismos estatales, toman como referencia la similitud de composición e infieren que la seguridad alimentaria es sustancialmente equivalente. “Con la misma comparación, la carne de las vacas locas puede ser tan segura como la carne de vacas sanas, ya que ambos tienen similitud muy elevada en la composición química”, compara el investigador y puntualiza media decena de estudios que exhiben resultados negativos al alimentarse con soja transgénica. “Desde el Conicet o las universidades podrían haber escuchado” Walter Pengue es ingeniero agrónomo con especialización en genética vegetal y magíster en Políticas Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología, profesor de grado y posgrado de la UBA. “¿Cómo es posible que esta liberación haya residido y se haya apoyado solamente en una recomendación enviada a la Conabia por Félix Cirio en enero de 1996 indicando que no habría problemas comerciales en los productos derivados por esta soja y que se basaba asimismo en otro informe y lo remitía en un estudio sobre la situación de esta soja RR presentado a la EPA por la compañía Monsanto en 1994”, pregunta Pengue, y se indigna: “Es tremendamente pobre el aporte en estudios vinculados a los impactos ambientales y hasta agronómicos derivados de tal liberación”. Recuerda que hace quince años existían dudas que circulaban en ámbitos académicos, por ejemplo la posible proliferación de malezas resistentes a los agroquímicos. “En lugar de responder a ello, ecólogos o ingenieros agrónomos, algunos biotecnólogos argentinos, muy livianamente indicaban que eso no podría suceder, sin respaldo científico alguno de estos argumentos, más allá de cierta obnubilación y compromiso solo con sus laboratorios, institutos y empresas”, apunta y precisa que esos efectos se dieron rápidamente. En la actualidad existe una decena de malezas resistentes al glifosato, lo cual implica el uso de más herbicida, más efectos secundarios y mayores costos. Pengue denuncia que el expediente carece de estudios que den cuenta del impacto del herbicida en la salud y el ambiente “a pesar del semejante nivel de volumen liberado” y vuelve a apuntar al ámbito científico: “Desde el Conicet o las mismas universidades podrían haber escuchado y haber avanzado en proyectos de evaluación de impactos. Todo lo contrario hicieron, incluso las cátedras se fueron vaciando de expertos, e incluso algunos fueron comprados y se trasladaron a trabajar en las empresas privadas”. El docente e investigador solicita realizar estudios integrales, donde intervengan desde biólogos moleculares y agrónomos hasta agroecólogos y sociólogos. Y vuelve al inicio del expediente: “El cultivo que más impactos generó de todo tipo en la Argentina contemporánea fue liberado en el país sólo utilizando un informe desarrollado por la empresa interesada. El Estado argentino debiera ser el contralor del bien común de todos y no sólo de los interesados en que un determinado producto llegue al mercado, la madre de todos los motivos de estas discusiones”. Fuente:dario Aranda
Indígenas se enfrentan a madereros en Amazonia
Un grupo de indígenas de Perú se ha visto obligado a instalar un puesto de guardia para proteger una reserva para indígenas no contactados, después de que las autoridades ignorasen sus repetidas peticiones para que tomaran medidas.
La reserva isconahua, en la frontera entre Perú y Brasil se creó con el apoyo de la organización de indígenas amazónicos de Perú, AIDESEP, para proteger a los indígenas isconahua aislados que viven en estas selvas.
Sin embargo, la reserva ha sido invadida por madereros ilegales y los numerosos llamamientos a las autoridades no han recibido respuesta alguna.
Ahora, las organizaciones indígenas locales ORAU y FECONAU se han unido para crear un puesto de guardia y proteger la reserva por sí mismos.
En Perú la tala ilegal es desenfrenada y supone una seria amenaza para la supervivencia de las aproximadamente quince comunidades indígenas no contactadas del país. Vuelos sobre la Amazonia han documentado la existencia de campamentos madereros ilegales que están obligando a los indígenas a huir hacia territorios desconocidos para ellos.
Survival International ha recogido casi 100.000 firmas para pedir al presidente Alan García de Perú que ponga fin a la tala y salvaguarde las reservas.
A principios de mes, ORAU publicó un comunicado en el que insta al Departamento de Asuntos Indígenas, INDEPA, a unirse a sus esfuerzos para proteger las reservas.
"El que organizaciones indígenas locales tengan que proteger las reservas de los indígenas aislados supone una devastadora crítica a la falta de acción gubernamental. Parece que quedarse de brazos cruzados ignorando el problema es la táctica preferida del Gobierno", declararon hoy fuentes internas a Survival.
fuente: Survival International -
comunicacion@survival.es (+34) 91 521 72 83
La reserva isconahua, en la frontera entre Perú y Brasil se creó con el apoyo de la organización de indígenas amazónicos de Perú, AIDESEP, para proteger a los indígenas isconahua aislados que viven en estas selvas.
Sin embargo, la reserva ha sido invadida por madereros ilegales y los numerosos llamamientos a las autoridades no han recibido respuesta alguna.
Ahora, las organizaciones indígenas locales ORAU y FECONAU se han unido para crear un puesto de guardia y proteger la reserva por sí mismos.
En Perú la tala ilegal es desenfrenada y supone una seria amenaza para la supervivencia de las aproximadamente quince comunidades indígenas no contactadas del país. Vuelos sobre la Amazonia han documentado la existencia de campamentos madereros ilegales que están obligando a los indígenas a huir hacia territorios desconocidos para ellos.
Survival International ha recogido casi 100.000 firmas para pedir al presidente Alan García de Perú que ponga fin a la tala y salvaguarde las reservas.
A principios de mes, ORAU publicó un comunicado en el que insta al Departamento de Asuntos Indígenas, INDEPA, a unirse a sus esfuerzos para proteger las reservas.
"El que organizaciones indígenas locales tengan que proteger las reservas de los indígenas aislados supone una devastadora crítica a la falta de acción gubernamental. Parece que quedarse de brazos cruzados ignorando el problema es la táctica preferida del Gobierno", declararon hoy fuentes internas a Survival.
fuente: Survival International -
comunicacion@survival.es (+34) 91 521 72 83
jueves, 31 de marzo de 2011
Más de 23 millones de pesos de inversión : 200 viviendas para comunidades aborígenes de 8 localidades
El IPDUV concretó este jueves la apertura de 14 sobres de la Licitación Pública Nº 02/2011, mediante la cual se ejecutarán 200 viviendas destinadas a familias aborígenes de Sáenz Peña, San Bernardo, Juan José Castelli, Villa Berthet, Quitilipi, La Tigra , Samuhú y Charata.
El gobierno chaqueño, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda –IPDUV-, concretó este jueves la apertura de 14 sobres de la Licitación Pública Nº 02/2011, mediante la cual se ejecutarán 200 viviendas destinadas a familias aborígenes de ocho localidades del interior. La apertura de sobres estuvo encabeza por el presidente del IPDUV, José Valentín Benítez, quien estuvo acompañado por el vocal, Fredi Carauni, y por gerentes del organismo y representantes de las empresas oferentes.
La licitación realizada implica la construcción de 200 unidades habitacionales en el marco del Programa de Viviendas para Pobladores de Comunidades Originarias y Rurales, con una inversión que asciende a $23.860.000. Las viviendas estarán distribuidas en ocho grupos correspondientes a las localidades de Presidencia Roque Sáenz Peña, San Bernardo, Juan José Castelli, Villa Berthet, Quitilipi, La Tigra , Samuhú y Charata.
Al momento de referirse al paso dado, Benítez señaló que “continuamos dando respuesta a los reclamos históricos de la comunidades aborígenes de toda la provincia, y en este caso licitamos 200 viviendas más para ocho localidades del interior provincial”. En esta misma línea, el funcionario destacó que durante la actual gestión de gobierno serán más de 2.000 las viviendas adjudicadas y entregadas a familias aborígenes, las cuales se encuentran distribuidas en toda la geografía provincial.
fuente datachaco
El gobierno chaqueño, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda –IPDUV-, concretó este jueves la apertura de 14 sobres de la Licitación Pública Nº 02/2011, mediante la cual se ejecutarán 200 viviendas destinadas a familias aborígenes de ocho localidades del interior. La apertura de sobres estuvo encabeza por el presidente del IPDUV, José Valentín Benítez, quien estuvo acompañado por el vocal, Fredi Carauni, y por gerentes del organismo y representantes de las empresas oferentes.
La licitación realizada implica la construcción de 200 unidades habitacionales en el marco del Programa de Viviendas para Pobladores de Comunidades Originarias y Rurales, con una inversión que asciende a $23.860.000. Las viviendas estarán distribuidas en ocho grupos correspondientes a las localidades de Presidencia Roque Sáenz Peña, San Bernardo, Juan José Castelli, Villa Berthet, Quitilipi, La Tigra , Samuhú y Charata.
Al momento de referirse al paso dado, Benítez señaló que “continuamos dando respuesta a los reclamos históricos de la comunidades aborígenes de toda la provincia, y en este caso licitamos 200 viviendas más para ocho localidades del interior provincial”. En esta misma línea, el funcionario destacó que durante la actual gestión de gobierno serán más de 2.000 las viviendas adjudicadas y entregadas a familias aborígenes, las cuales se encuentran distribuidas en toda la geografía provincial.
fuente datachaco
Petitorio para que la presidenta reciba a la Comunidad QOM de la La Primavera
Convocamos a todos a sumarse a la marcha que se realizará este jueves 31 de marzo a las 15 hs hacia la Casa de Gobierno para entregar un pedido de audiencia a la Presidenta de la Nación. Nora Cortiñas, AdolfoPerez Esquivel y Pablo Pimentel junto a Felix Díaz, representante de la Comunidad Qom de La Primavera de Formosa, harán entrega de una carta solicitando audiencia a la Presidenta de La Nación.
Hace cuatro meses que los hermanos QOM resisten y luchan en Av de Mayo y 9 de julio, reclamando por sus derechos que son socavados permanentemente por el gobierno provincial de Formosa. No solo les usurparon parte de su tierra ancestral, los reprimieron en el corte de la ruta Nacional 86, asesinaron a los hermanos Qom, Roberto López y Mario López, les quemaron sus viviendas y sus DNI, sino que todavía luego de dos convenios firmados en diciembre y enero, nada de lo expresado y firmado en esos documentos ha sido cumplido.
Los hermanos tienen que ser escuchados.
Todos somos QOM! No te sumes a la indiferencia!
Tierra e identidad. Por el derecho a su tierra ancestral, tierra que habitaron desde siempre. ¡No al etnocidio silencioso y complice!Derechos humanos ya para los pueblos originarios!
Comprometámonos con esta lucha que es la lucha de todos!
Acompañemos todos este jueves 31 de marzo a la Comunidad QOM a las 15 hs junto a Nora Cortiñas, Perez Esquivel y Pablo Pimentel a entregar el petitorio.
Los esperamos a todos para seguir luchando por el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios!
ANA AÑAXAT!! FUERZA!!-
Fuente indymedia
Hace cuatro meses que los hermanos QOM resisten y luchan en Av de Mayo y 9 de julio, reclamando por sus derechos que son socavados permanentemente por el gobierno provincial de Formosa. No solo les usurparon parte de su tierra ancestral, los reprimieron en el corte de la ruta Nacional 86, asesinaron a los hermanos Qom, Roberto López y Mario López, les quemaron sus viviendas y sus DNI, sino que todavía luego de dos convenios firmados en diciembre y enero, nada de lo expresado y firmado en esos documentos ha sido cumplido.
Los hermanos tienen que ser escuchados.
Todos somos QOM! No te sumes a la indiferencia!
Tierra e identidad. Por el derecho a su tierra ancestral, tierra que habitaron desde siempre. ¡No al etnocidio silencioso y complice!Derechos humanos ya para los pueblos originarios!
Comprometámonos con esta lucha que es la lucha de todos!
Acompañemos todos este jueves 31 de marzo a la Comunidad QOM a las 15 hs junto a Nora Cortiñas, Perez Esquivel y Pablo Pimentel a entregar el petitorio.
Los esperamos a todos para seguir luchando por el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios!
ANA AÑAXAT!! FUERZA!!-
Fuente indymedia
Un inédito fallo en la Justicia Federal reconoce las tierras de los wichís

La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona. El fallo de la Cámara benefició a las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Por Carlos Rodríguez / Página 12 -
La ley de medios en aplicación: Presentaron Federación Cooperativa De Productores Audiovisuales

Empresas cooperativas y PYMES, asociaciones sin fines de lucro, organizaciones sociales y pueblos originarios presentaron la Federación Cooperativa de Productores de Contenidos Audiovisuales (FeCOOPTV), una productora televisiva independiente
Representantes de empresas cooperativas y PYMES, asociaciones sin fines de lucro, organizaciones sociales y pueblos originarios participaron esta tarde del acto de presentación de la Federación Cooperativa de Productores de Contenidos Audiovisuales (FeCOOPTV).
Néstor Piccone, quién fuera elegido por la asamblea constitutiva como presidente de la Federación, sostuvo que la iniciativa es hija de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que "nace con la idea de articular lo que se produce en todo el país en contenidos audiovisuales, que es mucho pero que no tiene mucha pantalla.
Según se explicó en el encuentro realizado en el centro de la Cooperación Floreal Gorini de la Ciudad de Buenos Aires, la nueva federación nucleará a más de 800 canales distribuidos en toda la geografía nacional. Entre los asistentes, se encontraba el diputado Carlos Kunkel, quien manifestó la necesidad de acompañar a todas las iniciativas que tiendan a generar nuevos canales de comunicación, de información y pensamiento para los argentinos.
Las nuevas voces, distanciadas de los movimientos empresarios monopólicos, van a garantizar el acceso a la información, afirmó Kunkel en diálogo con Télam.
En el mismo sentido opinó la diputada Adela Segarra, quien señaló que la iniciativa de FeCOOPTV es un salto de calidad, ya que agrega organización a la participación popular.
Los multimedios tienen monopolizados los medios de cada región y cada ciudad del interior. Aportar en una construcción que vaya en contra de esa tendencia y desmonopolizar en el interior es muy importante, agregó la legisladora del Frente para la Victoria.
La nueva cooperativa integrará entre sus socios fundadores a entidades como las que agrupan a canales de televisión -por cable y abiertos- reunidos en Colsecor y Aateco; empresas gráficas agrupadas en Dypra (Diarios del interior), y movimientos sociales, entre otras.
La mesa de conducción de la entidad estará integrada por Piccone en la presidencia; el realizador Roberto Vacca en la vicepresidencia; y el director Guillermo Tello en la secretaría.
Fuente: Agencia Telam
La Situación de Pascual Pichún Collonao en Chile: Pascual Cuenta con salidas los fines de semana
Pascual Pichún Collonao es preso político mapuche en Chile. El comunicador mapuche vivió exiliado en Argentina 7 años. A un año de su detención relata su situación, sus proyectos, sus sueños. Un año y casi un mes ya ha pasado de la detención de Pascual Pichun Collonao, un joven mapuche de 27 años que lucha por defender sus derechos, su identidad, su territorio, su familia. Fue apresado en Temuco, Chile, el 26 de febrero de 2010, después de vivir auto exiliado en Argentina durante 7 años. Pascual Pichun –como su hermano Rafael- fue condenado a 5 años y un día de cárcel y al pago de una multa millonaria de 12 mil dólares., acusado falsamente de atentado incendiario, a un camión forestal de la empresa Mininco, en el Fundo Nancahue, propiedad del abogado, ex ministro, y latifundista Juan Agustín Figueroa. En el 2003 los hermanos Pichún fueron declarados prófugos de la justicia. Rafael seria detenido y cumpliría la condena más tarde. Mientras que Pascual pediría refugio político en Argentina, algo que nunca se le otorgaría. Manuel Lonkopan es el nombre que uso en Argentina, con el que firmaba notas periodísticas y trabajaba. Así lo conocían sus amigos y compañeros. Manu estudiaba en la Facultad de Periodismo de Universidad Nacional de La Plata, participaba de varios medios de comunicación, difundiendo la lucha y la resistencia de los pueblos originarios en general, no solamente del mapuche. Daba clases en la cárcel, colaboraba con la Secretaria de DDHH de la Facultad, era solidario, comprometido pero sobre todo muy sencillo. Fue un año largo el que pasó, con tristezas y alegrías, con encuentros y pérdidas, como si el tiempo cobrara revancha, es que ninguna deuda es gratuita. Pascual ahora junto a su familia, preso, sabe que el tiempo también es sabio, y entiende lo que está viviendo. “Cuando yo decidí esta situación de mi vuelta (a Chile), sabía que lo más seguro era que tenía que cumplir con la cárcel, y bueno es lo que estoy haciendo ahora, me sentía preparado, al menos me mentalicé para eso y es lo que he estado cumpliendo en este tiempo, después son muchas las cosas que se ganan, más de las que se pierden, en términos afectivos lo es la familia. Yo siempre dije que una persona para ser completa, íntegra, siempre tiene que estar cerca de los afectos y eso es lo que lo hace ser y tener la fortaleza a uno, en ese sentido estoy tremendamente contento de estar acá, ahora todos los domingos intento ir a la comunidad a encontrarme con mis peñis, con los hermanos, así que de a poquito voy reinsertándome. Y obviamente se extraña las cosas que uno hacia allá (en Argentina), se extraña algunas amistades, el afecto de esa gente linda que conocí principalmente en la ciudad de La Plata”, dice Pascual en su salida dominical de la cárcel, desde su casa, en su comunidad Temulemu, en la Novena Región al sur de Chile. Ya en casa… cerca de la libertad Traiguén es una ciudad pequeña, donde la mayor parte del año llueve. El penal esta ubicado a pocos metros de la plaza principal de la ciudad. Es pequeño, pero tiene mucha historia, por allí pasaron Rafael, el hermano de Pascual y el lonko Pascual Pichún, su padre, que fue condenado por la Ley Antiterrorista, dictada por Pinochet y utilizada para perseguir a opositores políticos, hoy es figura legal y estratégica del Estado chileno para encarcelar mapuches en la pelea por tierras a manos de inversionistas empresariales y de multinacionales. En los días de encierro, la escritura y la lectura son una forma de desahogo, pero los talleres de carpintería y platería lograron ser una forma de escape y refugio para la meditación y la angustia de todo aquello que te roba los barrotes de una celda. Aquello que solo la soledad y el compañerismo del hermano, del peñi que está al lado puede entender. Pero hay un día donde todo tiene otro color, donde sale el sol. Los domingos desde muy temprano tienen aroma familiar. La casa de los Pichún, en el medio de la comunidad, sobre territorio recuperado, con orgullo es un emblema de la lucha ganada. Es imponente el paisaje verde de cientos de hectáreas no subyugadas. Es una casa humilde pero grande y rica de afecto. La alegría se hace sentir entre los niños que corren y juegan. Doña Flora y Doña María hacen que todo sea mas cálido, claro, con la calidez que todas las mamas tienen. La familia otra vez se ha reunido. Solo se puede disfrutar tanta alegría después haber sufrido y vivido tanto porque la lucha también se vive con alegría, eso enseñan los Pichún. Temulemu está llena de resistencia, sueños y futuro, así lo expresa Pascual. “El compromiso de los jóvenes está bien presente aquí, y es bueno, es super fortalecedor, porque demuestra que estamos revitalizados, se sigue esta lucha y las comunidades también siguen ese proceso a pesar de la represión que hay, de la persecución de los presos políticos, no hay un retroceso en la fortaleza de las comunidades sino mas bien una maduración en el proceso de lucha que se lleva adelante”. Por eso es tan importante los proyectos que de a poco van poniéndose en marcha, Radio Comunitaria Tralkan es uno de ellos, “son herramientas, son armas, para decirlo de alguna forma que las vamos tomando, transformando y haciéndolas propias y eso ayuda al proceso y desarrollo que se hace desde las comunidades. Y armas de comunicación tan fuertes como lo es la radio es super importante, además la administra, maneja y gestiona la comunidad, eso es una muestra más del proceso de maduración que ha tenido el movimiento mapuche”, concluye Pascual, quien tiene un programa de 2 horas los domingos. Sobre por qué se llama Tralkan la radio, esto explica, “Significa Trueno, queremos a través de la radio, generar ciertas reacciones en la gente, como cuando hay un trueno, cuando hay un ruido, entonces la radio intenta eso, generar cosas, pero no solamente para la comunidad sino para todos”. Un medio de comunicación propio de la comunidad, donde las voces, las historias, los conflictos sean contados por los mismos mapuches es un sueño que de a poco va tomando forma. Con la mirada al Puelmapu Significa “tierra del este”, al este de la cordillera de Los Andes, para los estados es Argentina. A pesar de los motivos que llevaron a Pascual o al Toto (como le dicen sus seres queridos) a cruzar para este lado de la cordillera, éste fue un período de crecimiento, maduración y capacitación, donde los lazos con los amigos y compañeros fueron tan fuertes como necesarios, por varias razones.. “Es sumamente importante que a partir de mi caso se haya podido informar un poco mas sobre lo que nos pasa como pueblo, pero obviamente que falta mucho, acá la situación es bien complicada, hay muchos presos políticos, hay mucha persecución, la represión sigue estando, entonces es bueno que se informen de alguna forma y que también se puedan hacer aportes para generar cierta presión desde afuera para la situación que se vive aquí en Chile” reflexiona el Toto, con la convicción de que no está solo, nunca lo estuvo. El caso de Pascual Pichún Collonao sirvió para que desde Argentina se tomara conciencia y conocimiento de lo que sucedía con el pueblo mapuche en Chile, con asesinatos de jóvenes mapuches, niños enjuiciados por el mismo Estado, presos condenados por Ley anti terrorista, represión violenta y políticas excluyentes a los mapuches. Sin dejar de olvidar y visibilizar lo que sucede en nuestro territorio argentino, un muerto diaguita en 2009 y otros 2 muertos qom en el año 2010, todos casos impunes, represión policial, amenazas y desalojos a comunidades en distintas provincias. Y una historia oficial que parece encaprichada en querer hacernos olvidar de nuestro origen indio. Pero la tierra y sus hijos hablan, gritan y se hacen ver. Para Pascual la solidaridad es fortalecedora, “es importante el papel que se juega afuera, no solamente para la lucha del pueblo mapuche sino en general, de los pueblos originarios, ahí en Argentina hay muchos pueblos originarios que luchan día a día y es necesario que la sociedad en general se informe un poco más, de la historia, sobre la realidad de esos pueblos”. Quizás porque no existen fronteras, somos todos hermanos herederos de los mismos despojos y luchas. Todavía falta que la Justicia chilena dictamine a favor o en contra del pedido de media prescripción que realizaron los abogados de Pascual en agosto del año pasado. Si esto fuera positivo, Pascual quedaría en libertad, de lo contrario todavía le queda condena por cumplir. Más allá de eso en abril comenzará a salir sábados y domingos de la cárcel. Así los días tendrían menos pesar. “Quiero mandar un saludo y agradecimiento grande, mío y en nombre de mi familia, de las cosas que se están realizando (pidiendo por su libertad) en Argentina. Estamos muy agradecidos de eso y las puertas están abiertas a los amigos que nos quieran visitar, que quieran conocer más de la realidad que vivimos. Espero pronto nos volvamos en encontrar por allá, en alguna parte de nuestro querido Puelmapu”. Pascual sabe que queda mucho trabajo por hacer, su gente lo necesita y allá debe estar, construyendo eso que siempre quiso, un pueblo digno y libre. Acá a lo lejos también hay mucho por hacer, seguimos por el mismo camino. Fuente: Zulema Enriquez Comision Pascual Libre
miércoles, 30 de marzo de 2011
Lo resolvió la Cámara de Apelaciones : Droga en camioneta oficial: denegaron excarcelación al único procesado

Jorge Fernández, único procesado en la causa por los 12 kilos de marihuana encontrada en una camioneta del Instituto de Vivienda continuará detenido. La Cámara señaló que, de recuperar su libertad, Fernández podría obstruir la investigación.
Jorge Miles Fernández, único procesado en la causa por los 12 kilos de marihuana hallada en una camioneta oficial, seguirá detenido. Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones al denegar la solicitud de excarcelación peticionada por el defensor oficial, Gonzalo Molina. El Tribunal consideró que Fernández podría entorpecer la investigación judicial, de recuperar su libertad.
La sentencia está fechada el 3 de marzo de este año y lleva la firma de los jueces Jose Luis Aguilar y Ana Order. La defensa de Fernández había fundamentado su pedido indicando que, en lo sustancial, “no tienen ya cabida los criterios peligrosistas para justificar la denegatoria a la excarcelación”.
En respuesta a esta solicitud, y en relación a los hechos investigados hasta el momento, la Cámara de Apelación resolvió denegar la excarcelación al señalar que “es muy factible y así se pronostica, que de recuperar Fernández la libertad lo colocaría en óptimas condiciones de realizar una verdadera labor obstructiva o de entorpecimiento de la investigación”.
“Para ello es asimismo importante destacar que, como paradigma, debe llevarse la investigación en este tipo de delitos, hasta los verdaderos distribuidores o quienes introducen efectivamente y a escala importante el estupefaciente en el sector bajo análisis”, añadió Aguilar al fundamentar su voto en contra de la excarcelación.
Al dar detalles sobre su voto, la Jueza Order coincidió con el planteo anterior indicando además que el delito por el que está hoy por hoy detenido Fernández (Transporte de Estupefacientes) es de tal gravedad que acarrearía, de llegar a una condena en su contra, una pena de prisión efectiva. A esto se le suma “las complejas características de la causa, y las consecuencias que podría acarrear si Fernández estuviera en libertad”.
Así, Order indica que en el actual estadío de la instrucción se denota “la eventual capacidad operativa de Fernández, propia o con terceros, en el circuito comercial de estupefacientes; todo lo cual permite presumir fundadamente que el encartado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones, en tanto se trata –precisamente la instrucción- de arribar a aquellas personas que proveen el estupefaciente a potenciales distribuidores”.
El HECHO
El 28 de diciembre último, en un operativo encabezado por la Policía del Chaco, se secuestró casi 12 kilogramos de marihuana al interceptar a una camioneta Nissan sobre la ruta nacional Nº11, a la altura del autódromo de Resistencia “Santiago Yaco Guarnieri”. El hecho conmovió al ambiente político por un doble motivo: por un lado, se trataba de una camioneta de uso oficial que estaba a cargo del legislador aborigen, Egidio García.
Y por otro, dentro de la 4x4 estaban el chofer y el hijo de García, a quienes finalmente se le dictó la falta de mérito. El único que quedó procesado y con prisión preventiva fue el tercer ocupante de ese vehículo, Jorge Fernández, quien seguirá preso, seguramente hasta el juicio oral. La investigación que encaró Gustavo Corregido, hasta que lo desplazaron de la fiscalía federal de Resistencia, apuntó principalmente hacia las personas que rodeaban a Fernández, y en particular sobre quienes esperaban la droga que venía desde La Leonesa hacia Resistencia.
fuente:chacodiapordia
martes, 29 de marzo de 2011
Formosa, corte de ruta: Los aborígenes, que recibieron visita del Obispo, van a Tribunales y Casa de Gobierno.

En el marco de las complicaciones del corte de la de la ruta Nacional Nº 11, y del entrecruzamiento de acusaciones entre los manifestantes y funcionarios del Gobierno provincial, el obispo de Formosa, José Vicente Concejero Gallego, visitó el piquete del barrio del “Nam qom”, dialogó extensamente con los manifestantes, escuchó sus reclamos, y se solidarizo con ellos, prometió hacer todo a su alcance para que sean escuchados, comprometiéndose sus oraciones para que Dios ablande los corazones de quienes pueden llevarles las soluciones que necesitan.
Los aborígenes le detallaron sus reclamos, sus derechos y la lucha por la dignidad que llevan adelante, le informaron que fueron notificados de una orden judicial para que desalojaran inmediatamente el KM 1183 de la ruta internacional Nº 11, que ellos acataron inmediatamente y "se corrieron" 2 kilómetros hasta llegar al KM 1185 de la ruta, cumpliendo con la orden judicial.
Ahora estamos autorizados a cortar la ruta porque la orden solo nos impedía cortar en el Km 1183, y como lo que no esta prohibido, esta permitido, quiere decir que podemos cortar en cualquier lugar menos en el Km 1183, donde esta prohibido, le dijeron.
También le informaron que mañana lunes Alegre y otros hermanos están citados para declarar ante la Justicia Federal, y que el resto presentará ante el gobierno y la legislatura provincial un petitorio puntualizando sus reclamos.
Ellos dicen que nosotros no queremos dialogar, mañana vamos a ir a Casa de Gobierno a llevar nuestros reclamos y queremos que toda la prensa estén presentes para que vean si nos reciben y comprueben quienes son los que no quieren dialogar, dijo Amancio López otro de los referentes del corte.
Negaron terminantemente tener motivaciones políticas, detrás nuestro están nuestras necesidades y en frente un gobierno que no nos escucha, ni no nos da respuestas.
Acá la única política es la política aborigen y la habitacional del gobierno que es discriminativa y sectaria
Nadie viene a hablar con nosotros, el ICA y el representante aborígenes son una vergüenza, no existen, y “Coqui” Zarza solo viene hasta la comisaría y después habla “pavadas” por los medios que manejan ellos, aseguraron.
Dicen que no quieren hablar con nosotros para no demostrar “debilidad”, nosotros flexibilizamos la medida de fuerza, acatamos inmediatamente una orden judicial, facilitamos un camino alternativo, y no demostramos debilidad, demostramos voluntad de dialogar, vocación de solucionar el problema, pero son ellos los que se niegan a escucharnos, vienen con plata, mentiras y promesas a querer comprarnos de a uno, a querer dividirnos, pero los hermanos agarran y vuelven de a uno otra vez a la ruta a acompañar nuestros reclamos, vean ustedes cada vez somos más, aseguraron.
fuente: noticias formosa
miércoles, 23 de marzo de 2011
“Proponen modificar la ley 3258 “
Se reunieron ayer diputados y referentes de comunidades indígenas, al igual que el instituto del aborigen chaqueño-Idach- a proponer ante los diputados la modificación de los artículos 3, 27,29 e inciso (B) y el 31 de la ley 3258/87.
El encuentro fue en cámara de diputados, allí estuvieron presentes los diputados: Beatriz Vásquez, Molina Vilma, gusmak Basilio, Pertile Aída e inocencia charole, por parte del instituto del aborigen chaqueño, los vocales: miguel Gómez, Timoteo Oneri, Alberto Núñez, Leandro Pérez y el titular del organismo Orlando Charole.
El presente proyecto de ley viene a dar cumplimiento un planteo de numerosas organizaciones indígenas representativas, quienes amparándose en su derecho a la consulta previa establecido en el convenio 169 de la OIT ley 24701; aprobaron mediante una asamblea de delegados la reforma a los artículos 3,27, 29, apartado (b) y 31 y otros de la ley 3258/ 87, ley de políticas indígenas que rige la provincia. Dichos artículos están referidos a la elección de sus representantes gubernamentales que deben conducir los destinos del instituto del aborigen chaqueño, organismo que regula la relación estatal entre los pueblos indígenas con el estado provincial.
Este proyecto fue consultado a las comunidades originarias, siendo interpretado el mismo por las comunidades indígenas como apropiado por las circunstancias especiales que están viviendo los pueblos originarios, delegando la presentación formal ante los representantes legislativos para las pretensiones reformistas de los pueblos indígenas sean concretados desde el Poder legislativo.
Vale mencionar que el gobierno del la provincia ejecuta programas y realiza gestiones de manera permanente para cumplir con la reparación histórica que por derecho corresponde a los pueblos indígenas, al margen de estas intenciones por parte del estado provincial lo cierto es que fueron escasas las iniciativas legislativas que aseguren la participación institucional en la provincia.
La modificación de los tres artículos vigentes de la ley 3258/87 esta relacionados con la elección de funcionarios públicos indígenas y la incorporación de un nuevo texto legal que suprime cualquier intervención al organismo (idach) es a raíz de varias consultas de los representantes de las comunidades indígenas, junto al organismo que los representa ( idach) mediante del cual concluye con el proyecto de ley.
La iniciativa apunta no solo someter la decisión de las comunidades originarias , la continuidad de los actuales funcionarios del idach periodo ( 2008-2011), sino que también exige se deje sin efecto aquellas modificaciones introducidas anteriormente a la ley indígena sin consultar a las comunidades como la ley nº 5089/02 que modifico de manera audaz y peligrosa el articulo (3) original de la ley 3258/87 proscribiendo la palabra “nativo” y habilita además que para ser candidato, en caso de no ser nativo de la provincia, se requerirá además, tener cinco (5) años de domicilio inmediato anterior y no interrumpido en la misma, a la fecha de las elecciones.
Cabe mencionar, el autor de la ley 5089/02 fue el legislador Guillermo Agüero (Alianza Frente de Todos) presento en el año 2002 esta iniciativa sin consultar a los pueblos indígenas vulnerando el principio de consulta previa establecido en el convenio 169 de la oit. En esta oportunidad los funcionarios del idach tanto los representantes de las comunidades indígenas manifiestan que esta jugada del legislador Agüero no termina ahí sino que el gobernador de entonces Dr. Ángel Rozas en vez de vetar la ley sancionada la promulgo en 5 días por decreto nº 1400/02, derogando como nada el espíritu tanto de la ley 3258 como de su decreto reglamentario nº 2749/87 que reconoce , como nativos de la provincia a las etnias tobas, wichi y mocoví que habitan el territorio provincial.
Para el ente que representa a las comunidades indígenas ( idach) incorporar al padrón electoral a un elector indígena que no nació ni es nativo de la provincia del chaco por apetencias personales de cargo publico es un error no solo legal sino abusivo, porque desaloja con desprecio un texto original de la ley 3258 que fue sancionada en el año 1987 con la participación y consenso de los dirigentes de las comunidades indígenas después de arduas y prolongadas luchas.
Lo que se pretende en el artículo 27, que el directorio estará constituido por un presidente y dos vocales titulares y dos suplentes por cada pueblo étnico. Duraran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una vez, debiendo posteriormente trascurrir un periodo antes de ser electos nuevamente. Estarán habilitados los actuales directivos del idach periodo 2008-2011 a escogerse los términos del presente artículo. Por otra parte el artículo 29, el poder ejecutivo constituirá una junta electoral aborigen que fiscalizara el proceso electoral del Idach y que estará conformada de la siguiente manera: 1 presidente designado por Idach- 1 vicepresidente designado por el ejecutivo y tres vocales designado por el tribunal electoral.
La ley provincial 3258/87 es una de las que mas se destaca en Argentina comparando con las legislaciones de otras provincias. La provincia es la única a nivel país de dar participación institucionalizada y autónoma de los pueblos originarios, no solo pregona sino la pone en práctica, lo cual muestra que sus representantes gubernamentales son elegidos libremente por las propias comunidades indígenas.
Fuente: idach prensa
viernes, 18 de marzo de 2011
Son 312 mil hectáreas en El Impenetrable : Reserva Grande: firmaron el convenio para la mensura

Lo suscribió el Gobierno con la Asociación Chaqueña de Agrimensores. Son 312 mil hectáreas que serán mensuradas en un plazo no mayor a los 180 días. Se cumple con palabra en devolver a las comunidades indígenas las tierras que les fueron despojadas
En la mañana de ayer jueves el ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini firmó con el titular de la Asociación Chaqueña de Agrimensores Carlos Diez, el convenio que permitirá realizar la Mensura de la Reserva Grande de El Impenetrable.
“Lo que era hasta hace pocos años tierra de saqueó, hoy será mensurado y devuelto a sus originales dueños” enfatizó el ministro de Gobierno durante la firma del convenio que establece el trabajo a realizar por agrimensores.
Pedrini citó además que “tomamos a la mensura como una reivindicación histórica hacia los pueblos originarios y también como muestra y voluntad del Gobierno de poner orden y que toda la zona de El Impenetrable este perfectamente delimitada” y agregó que se trabaja con el Instituto de Colonización en el recupero de tierras mal adjudicadas.
Por último el ministro recordó que “la ideal del gobernador es terminar de una vez por toda con lo que ocurría en esa zona del Imepentrable y dar a cada uno lo que corresponde en especial sobre estas tierras de los pueblos originarios; que tengan el pleno acceso y derecho sobre estas tierras que le corresponden desde siempre” concluyó.
Participaron también de la firma Julio García, a cargo de la Dirección de Defensa del Ciudadano y la Democracia del Ministerio de Gobierno y José Carlos, vocal del IDACH.
El presidente de la Asociación Chaqueña de Agrimensores mencionó que la mensura de las tierras es una vieja deuda que tiene el Estado provincial y data del año 1996 y cuya realización alcanza una superficie aproximada de 312 mil hectáreas.
Diez describió que “el instrumento jurídico es ese decreto y lo que se hará con la mensura será replantear ese instrumento jurídico en el terreno”.
GRAN ENVERGADURA
El profesional destacó es la primera vez que en el Chaco se realizará una mensura de tal envergadura georeferenciada, es decir la georeferenciación de todo el polígono que encierra esta reserva aborigen que tiene su límite Norte con el río Bermejito, luego con la ruta Juana Azurduy hasta Fuerte Esperanza entre Comandancia Frías y Misión Nueva Pompeya esos son los límites de la reserva.
El plazo de la tarea es de 180 días y se convocará a diversos profesionales para su realización
El vocal del Instituto del Aborigen Chaqueño calificó el hecho como “algo histórico” y destacó que este Gobierno “este devolviendo tierras a las comunidades indígenas que otros nos saquearon en otros tiempos”. “Para nosotros es algo muy importante, ahora las comunidades tendrán su tierra”, aseguró.
Fuente: chacodiapordia
Dirección General de Políticas Socioeducativas : Realizan minuciosa tarea para garantizar acceso a becas aborígenes

El área de Becas Aborígenes de Educación ejecuta un trabajo minucioso para cargar los datos de los 1.600 formularios, que se distribuyeron entre las comunidades para garantizar la terminalidad de los estudios secundarios de los adolescentes y jóvenes.
La coordinadora del Programa de Becas para Pueblos Originarios, dependiente de la Dirección General de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Provincia, Ana María González, recorre las distintas Regiones Educativas, a fin de recoger los formularios de los adolescentes y jóvenes de los pueblos originarios, futuros aspirantes a esta ayuda económica que fueron distribuidos entre noviembre y diciembre del año pasado.
Al respecto, la directora de Política Socioeducativa, Alicia Llaneza señaló que a fin de 2010 se repartieron 1.600 formularios para acceder a becas estudiantiles a las distintas organizaciones, que conforman el Consejo de Pueblos Indígenas, y éstas debían enviarlos con los datos personales de los aspirantes a este beneficio a éste organismo. Pero, como muchas no cumplieron con este trámite, el área de Becas Aborígenes tomó la iniciativa de realizar una recorrida por el interior de la provincia para retirar los formularios de becas.
Llaneza destacó que estas becas de $1.000 –por única vez en el año- están destinadas a incluir a los adolescentes y jóvenes en la Escuela Secundaria que están en situaciones vulnerables, como alumnas embarazas o con hijos, son complementarias a la Asignación Universal por Hijo, para que esta franja poblacional “pueda acceder, permanecer y egresar de este nivel, que les permitirá el título para que puedan tener una salida laboral”.
fuente:chacodiapordia
jueves, 17 de marzo de 2011
Aborígenes tendrán representación proporcional :Histórico: El Espinillo es el 69º municipio de la provincia del Chaco

La Cámara de Diputados del Chaco sancionó la ley por la cual se creó la Municipalidad de El Espinillo, en El Impenetrable. Las comunidades indígenas tendrán representación proporcional en los cargos a crearse
La Cámara de Diputados del Chaco sancionó la ley Nº 6751 por la cual se crea en el Departamento General Güemes el Municipio de Tercera Categoría de El Espinillo. Los pueblos originarios tendrán representación proporcional en los cargos a crearse en el Municipio, así como en el Concejo Municipal, tomando como base los datos del Censo 2010.
Además de confirmar la representación proporcional de las comunidades indígenas la ley establece que los porcentajes deberán ser actualizados con la realización de cada censo poblacional.
Límites del municipio
La norma faculta al Poder Ejecutivo para que en coordinación con la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía, el Instituto de Colonización, Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas, Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Asociaciones y Cooperativas Indígenas y todo otro organismo técnico necesario, fije los límites del ejido Municipal creado por el artículo 1º de la presente ley. Además, el Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación encargada de llevar adelante la organización y funcionamiento del nuevo Municipio, conforme las prescripciones de la presente Ley.
A su vez, se transfieren al nuevo municipio todos los bienes públicos que se encontraren dentro de los límites fijados al nuevo Municipio, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 257 - Ejidos Municipales-. El nuevo municipio funcionará bajo el marco de la Constitución Provincial 1957-1994, la Ley Orgánica de Municipios Nº 4233 y modificatorias, la Ley de Participación Municipal Nº 3188 (t.a) y la Ley Nº 3898.
Por último, la normativa señala como disposición transitoria que el “Juzgado Federal con competencia electoral tendrá intervención, a los fines de determinar el circuito electoral para la constitución de las primeras autoridades municipales, en virtud al Decreto Nº 262/2011 del Poder Ejecutivo Provincial”.
fuente: chacodiapordia
El arete guazu, una verdadera fiesta del pueblo guaraní junto a los pueblos originarios de Argentina

Más de mil personas de diferentes comunidades y pueblos se dieron cita, este sábado 12 de marzo, en el Camping Municipal “Jaque” de San Pedro de Jujuy
Más de mil hermanos y hermanas de diferentes comunidades y pueblos se dieron cita, este sábado 12 de marzo, en el Camping Municipal “Jaque” de San Pedro de Jujuy, para celebrar la 4º Edición del Encuentro Trinacional del Arete Guasu (fiesta grande) realizado por la organización de la Nación Guaraní “Kereimba Iyambae”
A partir de las 10:00 de la mañana el predio municipal comenzó a nutrirse con la presencia de los tentara (hermanos y hermanas) de diferentes comunidades del Departamento San Pedro y de Ledesma; pero además, se llegaron también los hermanos guaraníes de la Provincia de Salta y del vecino país Paraguay y Bolivia, representando a sus respectivas organizaciones.
Por primera vez, hubo una importante cantidad de hermanos de pueblos originarios de Argentina, entre ellas la Asamblea del pueblo Guarini de “El Banal”, y de “Yuto”, comunidades guaraní de la Provincia de Salta, Lof Ranquel Mapuche Toay de la Pampa, Casa de la Cultura Awawa del Pueblo Qolla de Iruya, hermanos del pueblo Tonokoté de la provincia de Santiago del Estero, el Consejo del Pueblo Ocloya, Consejo de las Organizaciones Aborígenes de Jujuy, Confederación Mapuche de Neuquén, Coordinadora Audiovisual Indígena Argentina de la Provincia del Chaco, Liceo Cultural para Adultos Mayores, Consejo de Participación Comunitaria del Pueblo Atacama, Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, Delegada provincial de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, profesores de la Escuela de Danza Nativa, OCASTAFE de la Provincia de Santa Fe.
Como todos los años, el mandu (vestimenta) de las mujeres guaraní, banderas, los temimb+ (flautas) y los anguas (tamboritas) dieron color y ritmo al arete guasu (fiesta grande) y convocaron la presencia de los espíritus de los antepasados, que retornaron y volvieron a compartir junto a los mortales en el Camping Municipal Jaque, representados en las máscaras y los disfraces. A ello sumado la gran expectativa en la pelea del tigre y el toro, que simboliza la resistencia y la lucha del pueblo guaraní con los karai (colonizadores). Pero previo a esto, a las 14:30 se realizó la tradicional ceremonia ancestral junto a un algarrobo y un sencillo acto de bienvenida.
El arete guasu trinacional, que es una expresión cultural de carácter religioso del pueblo guaraní, promovido desde hace cuatro año por la organización Movimiento de la Nacion Gurani "Kereimaba Iyambae".
Abel Camacho, presidente de Kereimba Iyambae, agradeció con emoción la presencia multitudinaria de los hermanos y hermanas que se llegaron para compartir el verdadero gran día del pueblo guaraní, el arete guasu.
Fuente: Equipo de Comunicadores ENOTPO
Aguas cloacales en J.J. Castelli:Denuncian que está hecha la obra, pero no las conexiones domiciliarias
El diputado del Interbloque de la Alianza Frente de Todos, Avelino Milar, denunció que el pasado 3 de octubre el gobernador inauguró la obra de desagües cloacales, pero esta está inconclusa. Las aguas servidas inundaron un camino vecinal.
Milar, en un comunicado, se refirió al pedido de informes realizado al Ejecutivo "a raíz de la contaminación a la que está expuesta la población de Juan José Castelli ante la falta de concreción de las obras finales de la red cloacal por parte del gobierno provincial".
El legislador sostuvo que la población está muy preocupada por esta situación “por el alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas”. También criticó que se publicitan, como hechos históricos, obras que no se iniciaron o están vacías como los hospitales “Este gobierno muestra una cosa pero la realidad es otra”, disparó.
Milar señaló que “es de público conocimiento que la obra de desagües cloacales fue inaugurada por el gobernador el pasado 3 de octubre con motivo del 74º aniversario de Castelli, comprometiéndose a ponerla en funcionamiento en 30 días. Hasta la fecha eso no ha ocurrido porque no se han realizado las conexiones domiciliarias, por lo que el uso en forma clandestina acarrea problemas constantes para la comunidad; como lo que ocurrió con el bombeo de la red que provocó el corte de un camino vecinal frente a las lagunas de mitigación. Por lo tanto, hemos pedido (desde la Cámara de Diputados) un informe urgente al Ejecutivo para que se nos informe quien es responsable de la conexiones domiciliarias y que organismo debe monitorear esos trabajos”.
“Las obras de la red cloacal que realizó el gobierno provincial, además de no funcionar, están inconclusas, por lo que los desechos fluyen sin control por caminos vecinales inundando caminos vecinales por los que transitan las personas provocando que muchos presenten complicaciones en su salud producto del contacto con esas aguas. Todos sabemos que los desechos humanos sin un tratamiento apropiado, eliminados en su punto de origen o recolectados y transportados, presentan un peligro de infección, pudiendo provocar hepatitis y varias enfermedades gastrointestinales, incluyendo el cólera, incluso infecciones en la piel y los ojos. Hay una alta preocupación en la población, que nos ha pedido que tratemos de concientizar al gobierno provincial para que se finalicen las obras correspondientes a fin de terminar con este foco infeccioso que está alcance de todos”, remarcó
Fuente :chacodiapordia
Milar, en un comunicado, se refirió al pedido de informes realizado al Ejecutivo "a raíz de la contaminación a la que está expuesta la población de Juan José Castelli ante la falta de concreción de las obras finales de la red cloacal por parte del gobierno provincial".
El legislador sostuvo que la población está muy preocupada por esta situación “por el alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas”. También criticó que se publicitan, como hechos históricos, obras que no se iniciaron o están vacías como los hospitales “Este gobierno muestra una cosa pero la realidad es otra”, disparó.
Milar señaló que “es de público conocimiento que la obra de desagües cloacales fue inaugurada por el gobernador el pasado 3 de octubre con motivo del 74º aniversario de Castelli, comprometiéndose a ponerla en funcionamiento en 30 días. Hasta la fecha eso no ha ocurrido porque no se han realizado las conexiones domiciliarias, por lo que el uso en forma clandestina acarrea problemas constantes para la comunidad; como lo que ocurrió con el bombeo de la red que provocó el corte de un camino vecinal frente a las lagunas de mitigación. Por lo tanto, hemos pedido (desde la Cámara de Diputados) un informe urgente al Ejecutivo para que se nos informe quien es responsable de la conexiones domiciliarias y que organismo debe monitorear esos trabajos”.
“Las obras de la red cloacal que realizó el gobierno provincial, además de no funcionar, están inconclusas, por lo que los desechos fluyen sin control por caminos vecinales inundando caminos vecinales por los que transitan las personas provocando que muchos presenten complicaciones en su salud producto del contacto con esas aguas. Todos sabemos que los desechos humanos sin un tratamiento apropiado, eliminados en su punto de origen o recolectados y transportados, presentan un peligro de infección, pudiendo provocar hepatitis y varias enfermedades gastrointestinales, incluyendo el cólera, incluso infecciones en la piel y los ojos. Hay una alta preocupación en la población, que nos ha pedido que tratemos de concientizar al gobierno provincial para que se finalicen las obras correspondientes a fin de terminar con este foco infeccioso que está alcance de todos”, remarcó
Fuente :chacodiapordia
Libertad de expresión : Rechazan planteo de funcionario por una nota de Clarín

La Cámara Nacional en lo Civil no hizo lugar a un recurso presentado por Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, contra la resolución que no había hecho lugar a una acción de amparo por una nota publicada en el diario Clarín
La Sala E de la Cámara Nacional en lo Civil confirmó un fallo de primera instancia que había desestimado un planteo del presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, por el que solicitó el derecho a réplica por publicaciones realizadas en el diario Clarín, en mayo último, sobre supuestos pagos de sobreprecios en reparaciones de aeronaves.
En el caso se indicó que el recurso de apelación presentado por el funcionario no reúne los elementos previstos por el Código Procesal para su procedencia.
Así, en primera instancia se desestimó el pedido de caducidad de la acción impetrada por la demandada e hizo lo propio con la petición de fondo del escrito de inicio, “por no encontrarse reunidos los tres presupuestos que darían lugar al derecho de rectificación o réplica pretendido”.
De esa manera, “el actor debió acreditar que la información que fue materia de sendas publicaciones periodísticas sea inexacta o agraviante; que la persona sea afectada por tal información y que le pueda causar un perjuicio”, agregó.
“En su análisis, cotejó la nota publicada en el diario Clarín correspondiente al día 20 de mayo de 2010 y complementaria del día 21 del mismo mes y año, con las constancias de la causa penal previamente iniciada contra el aquí recurrente y las propias manifestaciones vertidas por éste en estos autos, y llegó a la conclusión de que las primeras eran reflejo fiel de estas últimas”, manifestó.
“Descartada la inexactitud de las notas periodísticas y su consecuencia, en tanto se han descripto circunstancias que surgen de la causa penal y del descargo que allí realizara el recurrente, corresponde desestimar los agravios analizados precedentemente”, destacó el tribunal.
Fuente:CIJ
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